Opinión y Debate
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ISSN: 1575-2844

Revista Vivat Academia

 Histórico Año III

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Mayo 2001. Nº 25

Esta página destinada a suscitar la polémica y el debate contiene:

Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades
Discurso de la Ministra de Educación pronunciado ante el Pleno del Consejo de Universidades el pasado 19 de Abril.
Una cuestión de apreciación (Por Anónimo Desconocido)
Sin comentarios (Sobre un texto de Benito Pérez Galdós)
RECORTES
Fuero universitario
Universidad: reforma o ruptura
¡Pobre Universidad!
Autonomía universitaria y autonomía de la comunidad científica
¿Estudios?

Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades

Con el fin de dar oportunidad a nuestros lectores de conocer y debatir el "Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades", Vivat Acedemia reproduce el texto íntegro, remitido por la directiva de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España. Para acceder al mismo pulse este enlace

Dada la extensión del documento, hemos optado por facilitarlo también en un archivo tipo DOC, que pueden descargar sin más que pulsar este otro enlace

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Discurso de la Ministra de Educación pronunciado ante el Pleno del Consejo de Universidades el pasado 19 de Abril.

(Madrid, 19 de abril de 2001)

Buenos días.

Excelentísimas señoras y Señores Consejeros, Excelentísima Señora y Señores Rectores, ilustrísimas Señoras y Señores,

Es un placer para mí tener la oportunidad, en esta sesión del Pleno del Consejo de Universidades, de exponer algunas de las líneas básicas del anteproyecto de Ley de Universidades. Líneas sobre las que tanto el Secretario de Estado como otros responsables del Departamento y del Consejo de Universidades, y yo misma, hemos tenido ocasión de tratar, de manera individualizada, con muchos de ustedes.

La elaboración de un nuevo marco normativo para la Universidad española, por su trascendencia, lleva consigo una especial responsabilidad para todos nosotros. Creo que todos los aquí presentes sabemos que la comunidad universitaria y la sociedad esperan lo mejor de nuestro trabajo para que el sistema universitario gane en calidad, se integre competitivamente en el espacio europeo, alcance los objetivos docentes e investigadores que le son propios y, a través de ellos, ejerza de forma resuelta las funciones de liderazgo cultural y social.

Créanme si les digo que la elaboración de este anteproyecto de Ley no lo entendemos como una oportunidad para que brille un Gobierno; la entendemos, más bien, como la ocasión para que, entre todos, situemos al sistema universitario a la altura de lo que necesita y demanda la sociedad. Estamos teniendo frecuentes contactos con la comunidad universitaria: con rectores, con responsables educativos de las Comunidades Autónomas y con agentes sociales. Contamos además con las interesantes aportaciones de los distintos informes sobre la Universidad española y los análisis comparados de los sistemas universitarios europeos y de otros países.

Sobre estas bases, podemos afirmar que partimos de una coincidencia generalizada: la de considerar que el propio dinamismo del sistema universitario ha agotado la Ley de Reforma Universitaria. El debate en torno a la necesidad de una nueva norma – ustedes lo saben mejor que yo - dura ya años, habiéndose producido incluso varios intentos de modificar la Ley vigente. Este largo debate ha servido para identificar algunos de los problemas y apuntar coincidentes o muy parecidas soluciones para la Universidad española del siglo XXI. Constatamos, por tanto, que los puntos de encuentro son mayoritarios, aunque no ignoro que existen matices y también alguna divergencia.

La voluntad del Ministerio es abierta, constructiva y no excluyente. Así ha afrontado la elaboración de un anteproyecto de Ley de Universidades flexible, de mínimos y no reglamentista, que permita a las Universidades profundizar en su autonomía, y a las Administraciones educativas en sus competencias para, entre todos, conseguir mejorar la calidad del sistema universitario, fin principal que persigue esta anteproyecto.

Pretendemos, en definitiva, articular en esta nueva norma de rango de Ley los niveles competenciales de las Universidades, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, a quien corresponde la responsabilidad de cohesionar y vertebrar el sistema universitario.

El anteproyecto contempla un mayor autogobierno de las universidades y el incremento de los compromisos y responsabilidades de las Comunidades Autónomas.

Les hablo desde el convencimiento: el Gobierno ni quiere ni pretende hacer una norma contra nadie; tampoco contra otras normas, elaboradas por otros partidos políticos en circunstancias que no son las de ahora.

Queremos elaborar esta Ley contando con todos ustedes. Fortalecer el sistema universitario requiere asentar la normativa que lo regula en un marco de acuerdos básicos de la comunidad universitaria.

Lo que nos proponemos es contribuir a que la Universidad esté en las mejores condiciones para integrarse en su espacio europeo y aún internacional, para hacer frente a las nuevas exigencias del conocimiento, y para que los mejores profesores formen a los estudiantes que, en poco tiempo, asumirán sus responsabilidades en nuestra sociedad.

Para conseguir estos fines, irrenunciables todos ellos, solicito su colaboración y generosidad, que desde ahora mismo quiero agradecer. Si todos pensamos en la Universidad que le conviene a España, que nos conviene a todos, estoy segura de que haremos la mejor Ley entre las posibles.

Como ustedes saben, diecisiete años después de la Ley de Reforma Universitaria, el sistema universitario español ha sufrido grandes transformaciones. Hoy todas las Comunidades Autónomas tienen al menos una universidad pública, la mayor parte de los localidades de más de 50.000 habitantes disponen de algún centro universitario, y el número de alumnos supera el millón y medio. En la actualidad, nuestro sistema universitario se enfrenta a nuevos retos sociales e institucionales. Por una parte, el nuevo espacio europeo de enseñanza superior nacido tras la Declaración de Bolonia, que requiere un modelo universitario que, respetando la identidad de cada sistema nacional, facilite la movilidad y competitividad internacional de universidades, estudiantes, profesores e investigadores. Por otra, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, que ofrece instrumentos para innovar las formas de transmisión de la ciencia, y reclama una mayor flexibilidad en las estructuras organizativas de la enseñanza para responder al dinamismo de la sociedad.

En este contexto entendemos que los OBJETIVOS de la nueva Ley de Universidades deberían ser los siguientes:

En primer lugar, la mejora de la calidad: calidad del sistema, de la docencia, de la investigación y de la gestión. Objetivo imprescindible éste si queremos formar los profesionales que la sociedad necesita; desarrollar la investigación; conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con la aportación creadora de cada generación; y constituir una instancia crítica y científica, basada en el rigor y en el mérito, que sea un referente para la sociedad. La calidad es un objetivo irrenunciable de todo servicio público, y más aún, si cabe, de la universidad.

En segundo lugar, el anteproyecto propone establecer los mecanismos apropiados para potenciar la actividad investigadora de las Universidades. La Universidad española ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy notable en cuanto a su actividad investigadora. Según los índices del Instituto de Información Científica de Filadelfia, España produjo en 1990 el 1,5 por ciento de la ciencia mundial y diez años después aumentó su producción en más de un punto, hasta situarla en el 2,6 por ciento de la mundial. Y este importante avance ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por las Universidades, que son responsables del 70 por ciento de la producción científica en nuestro país. Precisamente por esta fortaleza, corresponde ahora potenciar la investigación básica y la aplicada para que éstas constituyan el motor del desarrollo de la sociedad.

En tercer lugar, el anteproyecto se propone también promover la incorporación de nuestro sistema universitario al espacio universitario europeo. Este espacio se caracteriza por una mayor exigencia de compatibilidad, comparabilidad y transparencia de los sistemas de enseñanza superior; por la necesidad de adoptar un nuevo sistema europeo de créditos, y por la promoción de la movilidad del profesorado. Es, en suma, un sistema que favorece la competitividad de nuestras universidades en el ámbito europeo. La voluntad del Gobierno es no sólo cumplir con las exigencias que impone este proceso, sino además, impulsarlo y facilitarlo.

En cuarto lugar, es objetivo del anteproyecto propiciar también la movilidad de estudiantes y profesores dentro del sistema universitario español y europeo. La movilidad es riqueza, creatividad, apertura de perspectivas e internacionalización. En un momento de nuestra historia en el que el espacio común europeo ya no es un futurible sino una iniciativa en marcha, estudiantes y profesores deben poder ampliar su formación. El nuevo marco normativo que estamos elaborando pretende, como objetivo final, crear la condiciones apropiadas para que los actores implicados, los auténticos protagonistas del cambio, profesores, alumnos y personal de administración y servicios, impulsen y desarrollen aquellas dinámicas positivas en pro de un sistema universitario mejor, más competitivo y de mayor calidad. Este es el reto: elaborar un marco normativo que estimule el dinamismo de los universitarios y de la sociedad en función de unos mayores niveles de excelencia, de exigencia, de rigor, de trabajo y de integración en el contexto social.

Expondré a continuación las líneas generales que sustentan el anteproyecto en el que estamos trabajando. Me voy a referir en detalle a aquellas cuestiones que han suscitado un mayor debate, aludiendo también a algunas otras que considero de interés. En cualquier caso, en el documento que se les enviará, ustedes recibirán una información completa del anteproyecto de la Ley de Universidades.

Señoras y señores,

El gobierno de nuestras universidades está necesitando de equipos profesionales, que sean capaces de marcar objetivos ambiciosos y en consonancia con los retos que las instituciones de educación superior tienen hoy planteados. Equipos que puedan llevar a cabo líneas programáticas y estratégicas, aceptadas por la comunidad universitaria. Y equipos que puedan realizar su gestión con la agilidad y eficacia que reclama la sociedad actual.

En este sentido, nuestra línea de trabajo está presidida por la necesidad de distinguir con claridad los órganos de dirección y de gestión, de los órganos de representación y de control. Apoyándonos en el trabajo, experiencia y aportaciones de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria, el anteproyecto configura los órganos de gobierno de la forma que voy a exponer a continuación.

En esencia, el gobierno de la Universidad corresponderá a un Consejo de Gobierno, presidido por el Rector, quien con su Consejo de Dirección llevará la dirección y gestión ordinaria. La representación y control serán ejercidos por el Claustro, el Consejo Social y una Junta Consultiva.

Al Consejo de Gobierno corresponderán aspectos tan fundamentales como la aprobación de las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad en lo que se refiere a los recursos humanos, investigación, organización de las enseñanzas, recursos económicos y elaboración de los presupuestos. Este órgano, como antes comentaba, estará presidido por el Rector, y en sus dos terceras partes estará compuesto por miembros de la comunidad universitaria.

En cuanto al Rector, pieza maestra sobre la que reside gran parte de la responsabilidad del éxito o fracaso de las universidades, nos hemos hecho eco de la necesidad, manifestada de manera prácticamente unánime, de reforzar esta figura, y de apostar claramente por una nueva forma de gestionar y gobernar la universidad. Para ello se hace necesario redefinir sus competencias y las de su equipo de gobierno. Por eso, de acuerdo con el anteproyecto de Ley, el Rector será elegido por la comunidad universitaria mediante sufragio universal, libre y secreto, con una ponderación de voto que represente adecuadamente a los distintos sectores. Les adelanto que consideramos conveniente que, en todo caso, esa ponderación otorgue un valor mayoritario al voto de los profesores funcionarios doctores.

Proponemos también que, para un mejor desarrollo de las funciones que se encomiendan al equipo de Gobierno, la Universidad cuente con una Junta Consultiva de carácter orgánico. Estará presidida por el Rector y constituida, en los términos que establezcan los Estatutos de las Universidades, por Decanos y Directores de Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos universitarios.

El buen funcionamiento del sistema universitario está demandando, además, la real y efectiva implicación de la sociedad en las actividades de la Universidad. Así lo contempló la Ley de Reforma Universitaria al establecer la creación del Consejo Social en sus estructuras de gobierno. En nuestra propuesta, en los términos que decidan las Comunidades Autónomas, el Consejo Social continuará siendo el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, mantendrá la representación de la comunidad universitaria que ya posee, y aprobará el presupuesto. Es éste el momento de hacer más efectiva la mutua implicación que se perseguía con la creación de este órgano.

Si queremos que en el nuevo modelo de gobierno, la Universidad tenga una adecuada percepción de los intereses de la sociedad, y que ésta haga suyas las necesidades de la Universidad, no es suficiente con el encuentro de ambas en el Consejo Social. Se necesita, además, que la sociedad participe de forma activa en la definición de los objetivos estratégicos de la universidad. La fórmula que para ello propone el anteproyecto de Ley consiste en que el Consejo Social tenga presencia en el Consejo de Gobierno, que quedaría así constituido por un tercio designado por el Rector, un tercio elegido por el Claustro, y un tercio elegido por el Consejo Social entre sus miembros no académicos. En suma, se trata de una fórmula que, subrayando el principio de autonomía universitaria, permite la participación de la sociedad en un esquema de colaboración mutua.

En cuanto a los órganos de representación, el más importante de todos ellos será el Claustro. Presidido por el Rector, le corresponderá la elaboración de los Estatutos, y ejercerá las funciones de propuesta, asesoramiento y seguimiento que éstos le encomienden. Tendrá una composición mayoritaria de profesores funcionarios y, como ya se ha mencionado, elegirá a un tercio del Consejo de Gobierno.

Además, las Universidades, en el marco de sus Estatutos, podrán constituir otros órganos que consideren adecuados a sus objetivos.

Me voy a referir a continuación al profesorado, principal activo de la Universidad. Como ustedes saben, el actual sistema de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes ha sido objeto de múltiples debates. Tras las conversaciones y contactos mantenidos con la comunidad universitaria, nuestra propuesta se basa en un sistema abierto, que fomente la competitividad y la calidad, y que refuerce la autonomía de las- universidades en la selección de su personal. Con este fin, se establece una prueba, a la que concurrirán los distintos candidatos, que serán evaluados por una Comisión compuesta por siete miembros elegidos por sorteo entre aquellos que forman parte de los cuerpos docentes. Esta prueba se podrá celebrar en cualquier universidad. Los candidatos que superen esta prueba quedarán así habilitados para participar en los concursos de acceso que convoquen las universidades, con el objeto de cubrir las plazas de cuerpos docentes que ellas mismas hubieran programado. Este sistema refuerza la autonomía de las universidades, pues son éstas las que, con los procedimientos que ellas establezcan, seleccionarán a sus profesores de acuerdo con sus programas, necesidades e intereses. Refuerza también la calidad, pues las universidades elegirán entre aquellos que hubieran sido habilitados, por un procedimiento transparente y competitivo. Quienes pertenecen ya a los cuerpos docentes podrán concurrir a los concursos de acceso, lo que favorecerá la movilidad entre universidades. El anteproyecto de Ley incluye, además, los mecanismos necesarios para evitar desajustes que se pudieran producir entre el número de habilitados y el número de plazas convocadas por las universidades.

En otro orden de cosas, al estudiar el desarrollo de la función pública docente, nos encontramos con que la carrera académica adolece de los necesarios incentivos para estimular el esfuerzo docente e investigador continuado. Por ello, consideramos de interés establecer una carrera equilibrada y coherente, introduciendo los incentivos y niveles para la promoción de los funcionarios docentes. Estos mecanismos de estímulo podrán ser promovidos tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas y las Universidades, de manera que se fomente una positiva y legítima competencia que se traduzca, finalmente, en una mejora de la calidad docente e investigadora.

En cuanto a la composición del profesorado, se pretende un adecuado equilibrio entre los funcionarios públicos docentes, base del sistema, y que aportan la esencial estabilidad al mismo, y el profesorado contratado, que proporciona, por su parte, la flexibilidad que es necesaria para responder a nuevas necesidades que se deriven de la actividad universitaria. En todo caso, el porcentaje de profesores funcionarios deberá ser siempre superior al de profesores contratados.

Las Comunidades Autónomas, y ésta es otra novedad importante, tendrán la competencia para regular las distintas figuras de profesor contratado que prevé el anteproyecto de Ley. La norma garantizará, en las figuras contractuales, la necesaria armonía entre las funciones docente e investigadora que conforman la esencia del profesor universitario.

Las dos primeras figuras previstas hacen referencia al inicio de la carrera académica. La de ayudante, contratado por un máximo de cuatro años entre aquellos que ya hubieran cursado los créditos de doctorado, tendrá como finalidad principal la de completar la formación científica del futuro profesor. La figura del profesor ayudante doctor, contratado también por un máximo de cuatro años, está prevista para el desarrollo de tareas docentes e investigadoras. Con el fin de propiciar al máximo la movilidad, una universidad no podrá contratar a aquellos que, en los dos últimos años, hubieran estado vinculados a ésta, contractual o estatutariamente.

Se crea, por otra parte, la figura del profesor contratado doctor, que desarrollará tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación. Esta figura, llamada a tener una especial relevancia en el contexto universitario, estará reservada a los doctores que acrediten al menos dos años de actividad postdoctoral docente e investigadora, o prioritariamente investigadora, y hayan recibido una evaluación externa positiva.

Para atender especiales necesidades docentes, el anteproyecto de Ley establece la contratación temporal, a tiempo parcial, del profesor asociado.

Señoras y señores,

Permítanme que, por último, haga alusión, de manera breve, a algunas otras cuestiones que considero de interés.

Respecto a las pruebas de acceso a la Universidad, se suprimirá la selectividad. Cada universidad podrá establecer los procedimientos de admisión de alumnos que estime oportunos, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad. En todo caso, se tendrá en cuenta la normativa básica que a este efecto establezca el Gobierno. En referencia a las enseñanzas, éstas se organizarán manteniendo de manera transitoria la situación actual, con la posibilidad de modificarla en función de la futura evolución hacia la armonización europea en el ámbito de la enseñanza superior.

Sobre creación de centros, el anteproyecto introduce el concepto de extraterritorialidad, mediante el cual las Comunidades Autónomas podrán autorizar a las Universidades de su competencia a establecer centros en el territorio de otras Comunidades Autónomas, siempre que éstas también lo autoricen.

En lo que a las Universidades privadas se refiere, la Ley establecerá los requisitos para que el principio de autonomía universitaria alcance en ellas su verdadera dimensión, estando concernidas por los principios constitucionales y con garantía efectiva del principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. En función de la experiencia, consideramos necesario introducir requisitos para fomentar la calidad de las enseñanzas que estos centros ofrecen.

A comienzo de esta intervención les decía que el fin último de este proceso normativo es el de mejorar la calidad de nuestro sistema universitario. Y un instrumento básico para promover, impulsar y garantizar la calidad es la evaluación y acreditación. En este sentido, en coordinación con las Comunidades Autónomas, y en línea con las recomendaciones de la Declaración de Bolonia, se establecerá una Agencia de evaluación y acreditación para promover y garantizar la calidad. Esta agencia permitirá introducir elementos de innovación, competitividad y mejora en las Universidades y, de manera transparente, conferirá vigor y credibilidad al sistema universitario.

La investigación constituye un objetivo nuclear de este anteproyecto de Ley. Recordaba al inicio de esta sesión que el auge de la sociedad de la información, el fenómeno de la globalización y el progreso en todos los ámbitos derivados de la actividad científico- técnica están transformando los modos de acceder al conocimiento, de organizar el aprendizaje y de proveer servicios. En este contexto, la Universidad tiene que situarse a la cabeza del proceso de cambio. Es necesario, por tanto, reforzar la actividad investigadora en las Universidades, para configurar un modelo universitario que tenga como eje el conocimiento.

Por último, el Consejo de Universidades pasará a denominarse Consejo de Coordinación Universitaria, ya que recoge en su composición y funciones la necesaria coordinación de competencias de las universidades, de las Comunidades Autónomas y del Estado. Dicho Consejo será reformado para cumplir, con la mayor eficacia, sus funciones de máximo órgano consultivo, de asesoramiento y propuesta, así como de coordinación del sistema universitario.

Señoras, señores,

He esbozado algunas de las características que conformarán el anteproyecto de Ley. Sus aportaciones continuarán enriqueciendo estas líneas generales, y los múltiples aspectos distintivos de este proyecto común. Las propuestas más innovadoras, que pueden ser fundamentales para el futuro de nuestra Universidad, deberán ser normativamente contempladas ahora.

Por tanto, quiero solicitarles, muy sinceramente, que continuemos trabajando juntos, y de manera intensa. Para ello, este Consejo de Universidades dispondrá el mecanismo que les permita conocer y valorar los distintos aspectos de las grandes líneas anteriormente expuestas. En el marco de ese proceso celebraremos otra sesión plenaria, centrada en este anteproyecto de Ley.

Quisiera finalizar agradeciéndoles muy sinceramente, en nombre del Gobierno al que represento, de mi equipo, y en el mío propio, su imprescindible y valiosa colaboración.

Muchas gracias.

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Una cuestión de apreciación

Estimados segnores:

He constatado que incluyen Vds en esta sección un texto con una serie de respuestas de exámenes que sin ser correctas no son erróneas.

Por ejemplo, el alumno que responde a "los movimientos del corazón" diciendo: "El corazón siempre se mueve. Sólo esta parado en los cadáveres". no se equivoca en lo más mínimo. Es un hecho científico de gran utilidad para los forenses.

Otro alumno dice: "...Para pertenecer a la Nobleza debían de tener sangre y ser de una familia de esa clase." Es cierto que los títulos de nobleza se podían otorgar a plebeyos, pero, por lo demás, no encuentro incongruencias en las dos condiciones postuladas por el alumno (admitirán Vds que, si bien la primera no es suficiente, por lo menos si que es necesaria; y la segunda es suficiente).

Otro alumno asegura que "los acueductos servían para llevar agua de un extremo a otro sin necesidad de utilizar cubos"; que el de Segovia sólo tenga un fin turístico en la actualidad, no quita que su misión originaria fuera evitar a los romanos tener que transportar el agua en cubos de una punta a otra.

Otro alumno asegura que "un circulo es una línea unida por los extremos formando un redondel", lo que si bien no es una definición muy científica o matemática no deja de ser cierto.

En definitiva, les ruego a todos Vds, profesores, tengan piedad de nosotros, alumnos, que sin tener ni la mas pajolera idea de lo que nos preguntan echamos mano de la imaginación y la lógica para solucionar un pequeño problema de falta de estudio.

Fdo: Anónimo Desconocido.

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Sin comentarios

Sigfrido del Alce

Vivat Academia me encomendó escribir un artículo comentando la situación actual de la Universidad de Alcalá. Debía comentar también las reacciones del rector MGALA tras el debate sobre el estado de la Universidad, donde se le pidió el adelanto de las elecciones. La idea de hablar sobre la reforma de la LRU también me seducía. Era difícil hablar de todos estos temas sin escribir páginas y páginas. Cuando ya me disponía a hacerlo, recordé este pasaje de los "Episodios Nacionales" de Pérez Galdós y entonces pensé que era mejor no hacer comentario alguno y que los lectores sacaran las conclusiones que estimaran oportunas con la lectura de este magnífico texto.

"Bien, bien –dijo don Felicísimo agitándose en su asiento y golpeando sus manos una con otra en señal de júbilo-. Es usted un enemigo más de esas endiabladas teorías constitucionales y de esas invenciones satánicas llamadas partidos y del estira y afloja de Cortes que gobiernan y rey que reina, y hurga por aquí y escarba por allá, y el demonio que lo entienda... De pensar así a ser apostólico proclamando esta gloriosa monarquía del porvenir no hay más que un paso. Le veo a usted en el buen camino y en jurisdicción apostólica.

El caballero no pudo reprimir la risa que estas palabras provocaron en él.

-¡Yo apostólico! –dijo-. No espere tal cosa el señor don Felicísimo. Para que esto suceda será preciso que Dios varíe mi natural ser, y arranque de mí la memoria. Esa nueva forma del despotismo que se anuncia ahora va a ser más brutal que cuantos despotismos se han conocido, porque sobre todos sus inconvenientes va a tener el de ser populachero. No es el absolutismo de Felipe II o de Luis XIV, grande, aristocrático, batallador, adornado de mil glorias militares y artísticas, y que disculpa sus atrocidades con grandes empresas y conquistas de mundos; va a ser un sistema de mojigatería y desconfianza, adicionado con todas las corruptelas de las camarillas que vienen funcionando desde los tiempos de Godoy. Se alimentará del suelo por dos grandes raíces, una que estará en las sacristías, claustros y locutorios de monjas, y otra que se fijará en las tabernas donde se reúnen los voluntarios realistas. Va a ser una tiranía ramplona que si es sufrida por nuestro país, lo que dudo mucho, pondrá a éste en un lugar que no envidiará seguramente ninguna región del África.

Al oír esto don Felicísimo hizo un gesto tan displicente que su cara se arrugó toda, y desaparecían los ojos, y los pliegues de sus labios se extendieron multiplicándose y describiendo un número infinito de rayas hasta el último confín de las orejas.

-Según eso es usted liberal...

-Lo soy, sí señor, soy liberal en idea, y deploro que el país entero no lo sea. Si no estuvieran tan arraigadas aquí las rutinas, la ignorancia y sobre todo la docilidad para dejarse gobernar, otro gallo nos cantara. El absolutismo sería imposible y no habría apostólicos más que en el Congo o en la Hotentocia. Por desgracia nuestro país no es liberal ni sabe lo que es libertad, ni tiene de los nuevos modos de gobernar más que ideas vagas. Puede asegurarse que la libertad no ha llegado todavía a él más que como un susurro. Es algo que ha hecho ligera impresión en sus oídos, pero que no ha penetrado en su entendimiento ni menos en su conciencia. No se tiene idea de lo que es respeto mutuo, ni se comprende que para establecer la libertad fecunda es preciso que los pueblos se acostumbren a dos esclavitudes, a la de las leyes y a la del trabajo. A excepción de tres docenas de personas... no pongo sino tres docenas... los españoles que más gritan pidiendo libertad entienden que ésta consiste en hacer cada cual su santo gusto y en burlarse de la autoridad. En una palabra, cada español, al pedir libertad, reclama la suya, importándole poco la del prójimo...

-Luego usted –dijo don Felicísimo, que ya había recobrado la fijeza pétrea de su rostro- no es liberal al modo de acá.

-Lo soy al modo mío, según mi idea, y creo que estos principios, aprendidos donde no son sólo principios, sino hechos, prevalecerán en todo el mundo y conquistarán todas las tierras, incluso España; pero cuando me detengo a calcular el tiempo que tardaremos en ser conquistados, me confundo, me mareo, porque todos los años me parecen pocos para tan grande obra. De aquí mi escepticismo, que no es realmente escepticismo, sino tristeza. Creo en la libertad porque he visto sus frutos en otras partes; pero no creo que esa misma libertad pueda darlos allí donde hay poquísimos liberales y de éstos la mayor parte lo son de nombre. España tiene hoy la controversia en sus labios, una aspiración vaga en la mente, cierto instinto ciego de mudanza; pero el despotismo está en su corazón y en sus venas. Es su naturaleza, es su humor, es la herencia leprosa de los siglos, que no cura sino con medicina de siglos. He visto hombres que ha predicado con elocuencia las ideas liberales, que con ellas han hecho revoluciones y con ellas han gobernado. Pues bien, ésos han sido en todos sus actos déspotas insufribles. Aquí es déspota el ministro liberal, déspota el empleado, el portero y el miliciano nacional; es tiranuelo el periodista, el muñidor de elecciones, el juntero del pueblo y el que grita por las calles himnos y bravatas patrióticas. La idea de libertad, entrando súbitamente aquí a principios del siglo, nos dio fórmulas, discursos, modificó algo las inteligencias; pero ¡ay!, los corazones siguen perteneciendo al absolutismo que los crió. Mientras no se modifiquen los sentimientos, mientras la envidia que aquí es como una segunda naturaleza, no ceda su puesto al respeto mutuo, no habrá libertades. Mientras el amor al trabajo no venza los bajos apetitos y el prurito de vivir a costa ajena, no habrá libertades. No habrá libertades mientras no concluya lo que se llama sobriedad española, que es la holgazanería del cuerpo y del espíritu alimentada por la rutina; porque las pasiones sanguinarias, la envidia, la ociosidad, el vivir de limosna, el esperarlo todo del suelo fértil o de la piedad de los ricos, el anhelo de someter al prójimo, la ambición de sueldo y de destinos para tener alguien sobre quien machacar, no son más que las distintas caras que toma el absolutismo, el cual se manifiesta según las edades, ya servil y rastrero, ya levantisco y alborotado.

-Según eso –dijo don Felicísimo, que empezaba a estar algo confuso- usted considera nuestro país inepto para las libertades. Por consiguiente, como no puede haber más que dos clases de gobiernos y el liberal es imposible, tenemos que aceptar el absoluto.

-No –replicó el otro-, porque una ley ineludible arrastrará, mal de su grado, a España por el camino que ha tomado la civilización. La civilización ha sido en otras épocas conquista, privilegios, conventos, fueros, obediencia ciega, y España ha marchado con ella en lugar eminente; hoy la civilización, tan constante en la mudanza de sus medios como en la fijeza de sus fines, es trabajo, industria, investigación, igualdad, derechos, y no hay más remedio que seguir adelante con ella, bien a la cabeza, bien a la cola. España se pone las sandalias, toma su palo y anda: seguramente andará a trompicones, cayendo y levantándose a cada paso; pero andará. El absolutismo es una imposibilidad y el liberalismo es una dificultad. A lo difícil me atengo, rechazando lo imposible. Hemos de pasar por un siglo de tentativas, ensayos, dolores y convulsiones terribles.

-¡Un siglo!

-Sí, y esta es la causa de mi tristeza. Yo me encuentro en la mitad de mi vida. He trabajado mucho por la idea salvadora; pero ya me siento fatigado y me reconozco sin fuerzas para esta labor inmensa que será cada día mayor. Otros vendrán que arrimen el hombro a tan terrible carga. Yo no puedo más. Las circunstancias en que me encuentro, solo, sin familia, lleno de tedio y viendo cuán poco hemos adelantado en la cuarta parte de un siglo, me desaniman atrozmente. Reconozco que cuanto de mis fuerzas dependía ya lo hice; está mi conciencia tranquila y me retiro. Hasta ahora yo no he vivido para mí ni un solo día. Llega la hora en que me es necesario vivir un poco para mí. No obteniendo gloria ni siquiera éxito, el sacrificio de mi existencia a un ideal sería estéril; pues vivamos, vivamos siquiera un poco y descansemos Sobre las ruinas de mis quiméricas ambiciones se levanta hoy una ambición grande, potente, la ambición de ser feliz, tener una familia y vivir de los afectos puros, humildes, domésticos. ¡Es tan dulce no ser nada para el público y serlo todo para los nuestros! Apartado de todo lo que es política, deseando el olvido miro a todas partes buscando un rincón en que ocultarme y a donde no llegue el fragor de la lucha.

"Los apostólicos"
Benito Pérez Galdós
Madrid Mayo-Junio de 1879
".

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RECORTES

Fuero universitario

EDUARDO HARO TECGLEN. Diario "El País". Jueves, 26 de abril de 2001

Durante la República (y antes) hubo ‘fueros universitarios’: la policía no podía entrar en los centros públicos de enseñanza. Los problemas los dirimíamos dentro; todavía me quedan señales de alguna de esas disensiones. En la calle, un guardia con su porra se limitaba a veces a pedir el carné a los que se sospechaba que no eran estudiantes, sino alborotadores, provocadores. Franco acabó con todos los fueros: la república, decía, era una barbarie. Uno de los hechos fuertes que ayudaron a llegar a la II República Española fue la lucha de los estudiantes de medicina en San Carlos (el grupo de edificios donde está el Reina Sofía); y también algunas de las algaradas en la universidad de la calle de San Bernardo, con algún tranvía derribado como barricada. El rey sacó a los estudiantes de Madrid -la Ciudad Universitaria-para evitarlos; la República iba a sacar los centros oficiales -Nuevos Ministerios- para salvarlos de intentos de ocupación.

Ahora los fueros universitarios no existen. Entraron los guardias para que los chicos desocuparan las aulas de periodismo, para sacar a los de la Orwell, que tienen fuertes inquietudes políticas -Orwell fue trosquista en la guerra de España, antisoviético: sus novelas contra el futuro comunista sirven para la actual burguesía democrática española y otros lugares-; se dice que los guardias fueron llamados por el decanato -sin duda es cierto- para cubrir un poco la intromisión armada, la idea de que los fueros aún son una sombra viva; se informa de que fueron sacados ‘de uno en uno’, para evitar la idea de arrastre masivo, de acción dura de los antidisturbios, a los que el delegado del Gobierno ha hecho tristemente célebres en Madrid. No han tenido ocasión de expresar sus quejas, sus puntos de vista, sus disconformidades.

Claro que en el mundo del orden todos piensan que esto debe ser así: la universidad es para estudiar; los catedráticos, para enseñar; los ministros, para ordenar los planes de estudio y las reformas que quieran; los guardias, para expulsar y reprimir al que altere el orden; la madre, para regañar; el padre, para olvidar lo que hacía cuando era estudiante, cuando no quería a Franco; y los periodistas, para mirar con el ceño fruncido estas cosas. Para criticar enseñanza, planes, ministros y universidades y desafueros estamos nosotros. Los estudiantes nunca pueden volver a ser lo que eran: su condición tiene que ser apolítica, y su pensamiento, único.

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Universidad: reforma o ruptura

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza. Diario "El País", Viernes, 20 de abril de 2001

Se resucita el viejo dilema que acunara el nacimiento mismo de nuestra democracia, pero ahora referido a la que debiera ser institución fundamental de su acaecer. Sin embargo, en lugar de ello, la pobre Universidad lo que sufre desde hace años es el mayor número de parches pensable. Y ello hasta la aparición de la LRU, que la destroza sin piedad. Desde entonces, reformar la LRU ha sido propósito de sucesivos ministerios, tanto del PSOE como del PP. Hasta ahora no ha sido posible ni acercarse al agónico monstruo, dicen que por los intereses creados sobre todo en ciertas autonomías. Es lógico y así pasa siempre que se hace una mala política.

Quizá es que seguimos sin resolver el gran debate. El de para qué ha de servir la misma institución universitaria. ¿Formar o informar? Desde los escritos sobre la Universidad de Giner de los Ríos o la misión de la Universidad de Ortega, seguimos rizando el rizo. Sobre todo, en la respuesta a la relación que parece ha de existir entre Universidad y Sociedad.

Ante el anuncio de una nueva reforma, me parece oportuno menester reflejar una opinión, avalada por la experiencia y la meditación, que no compromete más que a su autor. Se notará una gran dosis de impopularidad en cuanto sigue. Pero, como lo de los votos no anda por medio, uno puede sugerir la necesaria ruptura con el sistema actual y, con la mejor intención, sintetizar lo que sobra y lo que falta en la actual Universidad española.

Comenzando por lo que sobra, por aquello de la denuncia de los males, diremos:

a) En primer lugar, y casi como paradoja, lo primero que sobran son universidades. Por razones meramente localistas, nuestro país ha quintuplicado el número de ellas en algo más de veinte años. Mucho más que lo existente en el resto de Europa.

Cada capital de provincia ha movilizado sus ‘fuerzas vivas’ en campañas ‘en pro de una Universidad’. Y hasta en localidades que no son capitales. ¡Universidades para todos! O algo así como ‘ponga una universidad en su acera’, como si de plantar patatas se tratara. Sin pensar en lo que una universidad de verdad requiere: bibliotecas, hospitales donde hacer prácticas, profesorado bien formado, librerías, ambiente propicio, etcétera. Nada de nada. Ha sido suficiente un viejo edificio retocado y algún que otro erudito del lugar. ¡La Universidad como redención de males!

Tamaño disparate comienza a dar ‘sus frutos’:

matrículas de 40 estudiantes nuevos, manifiesto y consentido guadalajarismo, etcétera. Triste panorama que está pidiendo un fin rápido y drástico. Sin pensar en popularidad o en votos. Mírese hacia afuera y se encontrarán soluciones para tal empresa.

b) En segundo lugar, sobran alumnos. Otra impopular afirmación. No todo el mundo debe ir a la universidad, como el que va al cine o a la feria. Deben poder ir, sin ningún tipo de obstáculo económico o ideológico, justamente quienes estén preparados para ello. Y, una vez dentro, quienes aprovechen debidamente lo que, se quiera o no, es un privilegio.

En estos últimos años, por obra de un sistema educativo preuniversitario tan malo como cambiante y con una sociedad en la que, según encuestas, el 42% no lee un solo libro, el personal que llega a la universidad es de ínfimo nivel. Y en ella puede permanecer años y años, por los mil vericuetos a su alcance. Esto origina un caos, aumentado con los nuevos planes de estudio (?) al que hay que poner fin. Guste o no guste. Por supuesto, deben existir otras opciones. Muy fundamentalmente, una sólida Formación Profesional, acompañada de la pertinente socialización familiar sobre lo que el país necesita. Y explicando que actualmente se vive mejor de cerrajero o montador de televisores que de licenciado en paro.

c) En tercer lugar, y como consecuencia de lo ya dicho, sobran profesores. Posiblemente lo más impopular. La Universidad se ha convertido en lugar donde pasar años calentando el sillón. A fuerza de ello, a todos, buenos o malos, les llegará la hora de la ansiada permanencia. No se ejercen controles de rendimiento. Las pruebas de selección del profesorado son de risa. Se habla continuamente de la endogamia como mal, pero, hasta ahora, nada se ha hecho para acabar con ella.

Con lo que sí se ha acabado es con la continuidad de las escuelas o de los equipos. A los maestros se les cita cuando conviene, pero, en la realidad diaria, son ya ‘algo pasado’. A la no deseada etapa de las vacas sagradas ha sucedido la de los terneros sagrados. Un catedrático no tiene, oficialmente, quien le sustituya por cualquier razón de ausencia. Todos somos sabios oficiales gracias, otra vez, a la nefasta LRU, y cada uno tiene ‘su grupo’. Los niveles están en el terreno de la cruda mediocridad: se dicta en clase, se repite un manual, se fomentan los apuntes propios o ajenos.

Todo esto empezó con las lamentables pruebas de idoneidad y sigue con la localista composición de los tribunales (eso sí: ¡ahora se llaman comisiones!). ¡Qué gran deuda tuvo este país con el salvador Cojo Manteca!

Corregir esto es volver a pruebas a nivel nacional, con tribunales a sorteo y el requisito de saberse el programa que luego se ha de explicar. Como ocurre con el resto de funcionarios, a cualquier nivel. Y cada uno a la plaza que obtenga, a cumplir con su obligación. Y si no le gusta o no quiere, a su casa por absentista, que ya vendrá otro. Lo de la autonomía de la Universidad es otra cosa bien distinta y en la que ahora no podemos entrar.

d) Y, por último (o por primero, según se mire), sobra democracia. ¡Ahí es nada lo dicho! La democracia, pese a ser el principio legitimador en la política de nuestra era, tiene, sin embargo, su ámbito, que no cabe romper. Y mucho me temo que lo hayamos roto en no pocos terrenos. Y así, hay que admitir que la democracia o no se puede dar o, al menos, tiene que compartir su reinado con otros valores y principios: con la fe, con la obediencia y jerarquía, con la experiencia o, simplemente, con lo que indica el marcador al final de una prueba deportiva. Y esto se acepta sin discusión.

En la Universidad caben ciertos niveles de democracia, sobre todo en el terreno de elección de representantes de alumnos o profesores. Pero el principio dominante tiene que ser otro: la meritocracia. La actual sindicación de los órganos de gobierno está anulando una gestión independiente de los órganos unipersonales. La comisionitis reina en todo y para todo. Y todos los votos valen lo mismo a la hora de aprobar los festejos del patrón de la facultad o a la de proponer a una personalidad doctor honoris causa. Es el mal profundo de nuestra Universidad, también aportado por la LRU y normalmente empeorado por los Estatutos de las Universidades.

Y si hasta aquí lo que sobra, deducirá el lector que, suprimidos estos males, lo que falta es una única cosa: calidad. Lo que debe diferenciar a la Universidad de cualquier academia privada. Y ha de estar presente en todas las instancias que la componen. En alumnos que tengan sus listas de lecturas, piensen, critiquen y valoren. En profesores que estén al día, salgan al extranjero en estancias ampliadoras de conocimientos, publiquen dentro y fuera de España, dominen un idioma extranjero de prestigio, que valoren el buen exponer de los alumnos tanto en las pruebas escritas como en las orales. En decanos que aprecien su facultad. En rectores con criterios claros y de altura. Y en todo el entramado de lo que un día fuera feliz ayuntamiento.

Sin calidad y, por ende, sin protagonismo de la meritocracia, no hay Universidad. Habrá ‘otra cosa’ que casi no merece la pena reformar; es decir, poner algún nuevo parche.

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¡Pobre Universidad!

José Eugenio Soriano. "Expansión", 22/03/01

Escribir hoy sobre la Universidad es igual a llorar. Las ideas que una vez sentara Ortega y Gasset han sido barridas por el mal viento que sopla desde la LRU, Ley de Ruina Universitaria, como es conocida por muchos. Plagada de ideas "progre", y pretendiendo resolver mágicamente todos los problemas "de una vez para siempre", de contrabando coló una de las mayores dosis de corrupción e inmoralidad que se conocen en las universidades públicas de toda la Unión.

A empezar por su puesta en marcha en la que incorporó sin concurso ni oposición, a través de unas llamadas cínicamente "pruebas de idoneidad", a más de 13.000 profesores titulares (antiguos adjuntos), entre los que resultaría muy fácil señalar a muchos de los cargos públicos de entonces. Luego, para continuar en su obra contra la excelencia, monta un sistema de comisiones evaluadoras de los profesores, en los que el candidato local (el que ya sienta plaza como interino o contratado en la propia Universidad) designa directamente a dos miembros sobre cinco en todos los casos y en otros, los denominados concursos, el candidato local designa a los cinco miembros de los cinco que han de "juzgarle".

El resultado ya lo pueden imaginar: de cada cien casos, prácticamente en los cien sale designado el candidato local sin ninguna competencia en contra. Controlar los tribunales es así el único ejercicio arduo que ha de desarrollar el "opositor", porque gracias a esta destructiva ley, una vez que se domina el tribunal, el resultado es la crónica de una inmoralidad anunciada. Candidatos Albarda sobre albarda, si en algún caso, por casualidad o excepción, la comisión evaluadora no designa al candidato local, la LRU tiene dispuestas unas llamadas muy graciosamente "Comisiones de Sabios" formadas por otros siete profesores de la cuerda del grupo dominante en cada Universidad, encargados de corregir las escasas desviaciones que se produzcan, por lo cual, incluso en el extraño supuesto de que no ingrese a la primera el candidato local, luego la propia Universidad se encargará de que lo consiga anulando la propuesta hecha a favor del extraño si se hubiera producido y, desde luego, confirmando siempre que haya cualquier reclamación por parte de un tercero al susodicho candidato local. De ahí la tendencia conflictiva de todos estos concursillos, ya que, airado, el tercero pospuesto, que siempre es de fuera de la Universidad local convocante, acude a los Tribunales de Justicia.

La conflictividad en la Universidad es así directamente proporcional a su profunda podredumbre. Y, naturalmente, como una marea negra, la corrupción, la falta de ética, la hipocresía, se extiende entre todas las almas, ya que todos los humanos, sin instituciones objetivas, tienden al subjetivismo, esto es, al amiguismo, nepotismo o directamente a la corrupción. Denme cualquier cuerpo de funcionarios y en dos minutos lo corrompo: me limito a aplicar lo que ya sucede en la Universidad y no habrá notarios, abogados del Estado ni ningún otro cuerpo que resista la depravación. Para consumar este despropósito, los ejercicios del concursillo son solamente dos (antes con el sistema que provenía de don Fernando de los Ríos eran seis y muy bien organizados). Y los dos ejercicios además los elige el propio "candidato", que así controla la comisión y los ejercicios. Una lotería al revés: siempre se juega con números marcados. Además, como "gracia" especial para fomentar el localismo, al profesorado se le quitó la excedencia y el traslado. Se ven obligados así a permanecer en el sitio para siempre, y el cambio de Universidad pasa por lograr el apoyo de un grupito de otra, lo que solamente se consigue mediante intercambio de cromos de los más diversos colores en los que la primera víctima siempre es la calidad y la competencia.

La calidad y la excelencia son los dos valores eliminados por la LRU, que abomina de lo que no sea el colectivismo rampante que convierte a los rectores en alcaldes de pueblo, encargados de velar, municipalmente, porque sus vecinos prosperen a costa del resto del país, mediante técnicas caciquiles basadas siempre en el nepotismo y el aumento del gasto público. Decisiones en esta línea de "democratizar" la Universidad, es decir, de atacar la excelencia, todas las decisiones se toman colectivamente, votando así, por ejemplo, si una tesis doctoral debe ser leída por los propios alumnos -que ni siquiera saben muchas veces de qué va el tema-, profesores no doctores, o representantes del personal de administración. Igual si se va a votar un Tribunal de Cátedras: son los alumnos los que deciden, por lo cual la pérdida de dignidad por el candidato local para conseguir su apoyo roza las más humillantes situaciones imaginables. Y los propios rectores no son inmunes a esa situación, no siendo extraño que repartan ahí toda clase de prebendas para conseguir que el soviet local no se oponga a sus deseos.

Los planes de estudio, también democráticamente votados por todos, están así en manos de quienes no son ni siquiera licenciados, que al cambiar en cada generación que pasa por la Universidad, obliga a su vez a cambiar de plan. Por ello no es infrecuente que en una misma Facultad se estén explicando a la vez tres o cuatro planes de estudios diferentes. La carrera docente no existe. Lo único que hay es sobresaltos, basados en la influencia que cada grupo puede tener sobre el rector o el consejero de Educación de turno. Así, si un consejero es de una asignatura (hoy tecnocráticamente convertidas en "áreas", porque otra gracia de la LRU es cambiar los nombres a todo) en la universidad de turno está garantizado que habrá decenas de profesores de esa " área". Y en esta línea se ha consumado quitar todo liderazgo a los catedráticos, sustituidos por el correspondiente colectivo, el departamento, a la hora de tomar todas las decisiones. Así da igual ser catedrático que recién llegado (contratados): todos votan y eso es lo único que cuenta. La moneda baja expulsa de inmediato la buena, y la Ley de Gresham se cumple en todos los casos. Cualquier exigencia de calidad y cualquier control de la excelencia están mal vistos. Lo único importante es conseguir algún puesto dentro de "la casa": luego será imposible exigirle nada al contratado, y así, puede estar quince o veinte años sin hacer la tesis doctoral, sin que nadie se atreva a mover un dedo contra dicho "profesor", quien mientras será uno de los que decida en todos los "órganos de gobierno". La renovación de los contratos del profesorado es automática, sin que quepa cuestionar siquiera si está cumpliendo con el requisito mínimo de realizar un trabajo mínimamente digno. Lo único que hacen es dar las clases -¡vaya usted a saber cómo!-, "participar" en todos los órganos y tender un puente de complicidad con los grupos que mandan. Éstas son las consecuencias, algunas, de haber mezclado público y privado en las Universidades.

El régimen tradicional napoleónico ha dado sus frutos en Francia, Italia y los países continentales latinos. El sistema de Humboldt influyó en Alemania y su área. Y el orden académico británico, con sus impecables tradiciones, ha tenido su proyección al otro lado del Atlántico. Pero cada sistema es un todo coherente. Aquí, por el contrario, la radicalidad de las ideas sobre la autonomía, basadas en un idealismo cuyo fundamento siempre es que lo pague otro y que todos mis amigos son buenos y los que no lo son pues lo van a ser (y los enemigos son malos por definición y sin remedio), es lo que define a nuestra Universidad. Un Minotauro, mitad local mitad corrupto, que siempre devora más dinero público y que quiere encerrarse en su laberinto, más profundamente cada vez para que le vean (y le controlen) cada vez menos.

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Autonomía universitaria y autonomía de la comunidad científica

José Eugenio Soriano. "Expansión" 05/04/01

"Me pregunto con preocupación qué será de tanto joven investigador que intenta prepararse para un futuro profesoral de una forma seria y austera: ¿avanzarán en su carrera académica por medio de sus méritos y esfuerzos, o lo harán por obra y gracia de la leva sindical, que a todos iguala y todo lo enturbia?". Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo.

Mi último artículo en EXPANSIÓN, ¡Pobre Universidad! ha despertado entre los lectores una reacción por mí inesperada. La mayor parte de los mensajes recibidos, muy positivos, procedentes en su mayoría de sectores ajenos al quehacer académico. Y algunos otros, de profesores heridos en su corporativismo, sin más argumentos que el económico (están mal pagados) o de pobre conciencia "progre" (ahora todos lo votamos todo). En general, poco interesantes y bastante banales, como sucede siempre que se cuestiona la base en la que se sustenta cualquier colectivo, me han vuelto a mostrar la escasa conciencia crítica y lo acomodaticia que se ha vuelto esta profesión.

Junto a esos cansinos y esperables lemas, algún profesor, con más lógica y capacidad de análisis, me invita a ofrecer alternativas a la actual situación .Aceptando el reto, me propongo abordar, en contestación a mi amable y crítico leedor, algunos asuntos que, creo, ayudarían notablemente a mejorar algunos de los puntos que se podrían reformar en la Ley de Ruina Universitaria (LRU). Y como el asunto da para mucho y el espacio periodístico es poco, me centraré en esta ocasión en un punto clave de cualquier reforma: la selección del profesorado.

Selección.

Sabido es que, actualmente, como consecuencia de la confusión entre la autonomía de la Universidad y la de la comunidad científica, con ánimo poco constructivo el legislador permite que la Universidad convocante designe dos miembros del tribunal calificador, si es concurso, o directamente a los cinco miembros si es concursillo de méritos (cuando el candidato forma parte del cuerpo y desea trasladarse a otro lugar).

Fácilmente se comprenderá que en este último caso, el propio candidato, que ya pertenece al departamento o que tiene sus amigos en él, pone a los cinco miembros, todos amiguetes. El resultado es que en todos estos concursillos sale el candidato amigo de la Universidad; es más, en estos casos de concursillo de méritos ya no se presenta, prácticamente, nadie que no sea el querido por el equipo local (y si lo hace, se le persigue sin más). Creo que no se conoce ni un solo caso en el que, designados los cinco miembros directamente por el correspondiente rector, haya salido otro candidato que no fuera el previsto. Y cuando se trata de concurso ordinario, (lo que sucede cuando el candidato no forma ya parte del cuerpo), el intercambio de cromos entre los departamentos, (un cártel, en terminología de competencia) es más que evidente: tú me votas a mi candidato y yo te voto al tuyo.

Esta situación es, por definición, un caso de libro de desviación de poder, rayano con la prevaricación. Los jueces, hasta ahora, no se han atrevido a realizar este tipo de calificaciones, porque enfrentarse a la Academia no es cosa fácil. Pero ya comienza a haber indicios de que las cosas, judicialmente, están comenzando a cambiar. Además, los ejercicios son solamente dos, en caso de concurso, y uno en caso de concursillo de méritos. El primer ejercicio es el propio currículo (lo que no debe ser muy difícil de recordar) aderezado con las ideas de cómo se han de dar las clases y cosillas por el estilo. Y el segundo (cuando existe) consiste en dar una lección que el concursante elige y que puede llevar preparando durante meses. No es por provocar, pero hasta un loro bien enseñado es capaz de superarlos (siempre que el "tribunal" esté por la labor de que entre algún papagayo o cacatúa).

La injusticia y la prevaricación son, así, moneda corriente y, por cierto, perfectamente prevista por los autores de la Ley, ya que fueron plenamente advertidos de que romper el sistema selectivo acarrearía este tipo de tropelías (pero el pensamiento "progre", unido al aprovechamiento que algunos hicieron de su paso por el Ministerio, impidió atender a tan sensatos avisos. Por citar algún ejemplo que llegó a molestar, ¡inclusive! a la conciencia bienpensante de la progresía, quiero recordar el escándalo que se hizo con la cátedra de Emilio Lledó, a quien pospuso, gracias al sistema, un amiguete del entonces rector. Y ese caso es uno más de los que, a diario, perpetra el sistema selectivo asfixiante contra el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la obra bien hecha. Y es el caso que, tan corrompidos están los espíritus, que ya a nadie parece extraño que estas cosas causen espanto. Ya es lo normal y lo aceptado.

Iniciativas

Por tanto, esto hay que cambiarlo. No se puede seguir anestesiado y mirando cobardemente a otro lado. Cargado de buenas intenciones, y para poner fin a este estado de cosas, propone el Ministerio un remedio, en apariencia infalible. Consiste en convocar un concurso nacional y no local. El número de plazas sería equivalente al número de peticiones hechas por las universidades. Y así, se rompería el caciquismo local. Sin embargo, y en concesión a la, así llamada, autonomía universitaria, permite que si el candidato que ha sacado la oposición no es del agrado de la Universidad, ¡no ocupe plaza alguna! Esto es, primero, el Ministerio reconoce que es una barbaridad el sistema.

Pero el remedio es peor que la enfermedad, porque el aspirante que ha sacado su oposición, ha de contar con el plácet de la Universidad y si no le gusta, pues... a la calle. Esto no es solución. El Ministerio sabe bien que eso es una permanente fuente de tensiones y de conflictos. Puede que elimine la primera vez a los más malos, pero desde luego, echa a la calle, ¡tras haber sacado la oposición! a los mejores si no le gustan al equipo local de turno. Aquí la injusticia se hace con mayor burla si cabe, porque se expulsa a un candidato que ya ha sacado la oposición. Es como si tras ser juez, luego el designado no ocupa la plaza si no le place al alcalde del pueblo a que le hayan destinado. Auguro a ese sistema poca vida y mucho trajín.

La solución es bien conocida: Primero, que los ejercicios sean varios, incluyendo desde luego ejercicios prácticos (hoy son sólo teóricos, con lo cual la Universidad se dedica entera a la filosofía de la correspondiente asignatura, pero conocimientos prácticos, cero pelotero). Además, es preciso explicar alguna lección del programa, salida a sorteo; porque si no ocurre que el "candidato" se sabe sólo "su" lección, pero no sabe explicar nada a los alumnos. Y segundo: que el Tribunal, en cada Universidad, sea designado totalmente por sorteo entero del escalafón. Naturalmente, el candidato propuesto ha de pasar a ocupar a continuación la plaza que le corresponda.

En definitiva, una reforma de mínimos, pero en profundidad. Que cada Universidad, respetando así su autonomía organizativa, convoque las plazas que estime oportunas. Y luego, respetando la autonomía de la comunidad científica, se designe candidato al mejor, tras superar pruebas objetivas y que busquen la excelencia. ¡Ah! y se me olvidaba: que así se respeta también a la persona, al candidato, que, por cierto, nunca cuenta como víctima del sistema que es, en un régimen en el que lo único que ha contado hasta ahora son los intereses políticos de los mandamases, nunca la persona concreta que sufre, siente, padece y además es la que trabaja, hace méritos en el extranjero, publica, pero... no cuenta con amigos poderosos.

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¿Estudios?

FÉLIX DE AZÚA. Diario "El País", Miércoles, 25 de abril de 2001

¡Otra reforma de la Universidad! Pues bueno. Cuando un mamotreto del calibre de la enseñanza pública hay que cambiarlo cada cuatro años, tengan la seguridad de que sus problemas no son internos, sino externos. No es que la Universidad funcione peor que el servicio de Correos, la telefónica, la red de carreteras o TVE; qué va, el problema es que nadie sabe para qué sirve.

En mi escuela, por ejemplo, las ventanas están bloqueadas desde hace años, en verano te asas, en invierno te hielas, el ascensor es prehistórico, los alumnos trabajan por los pasillos y escaleras, las bibliotecarias no saben ya dónde poner los libros, en las aulas hay que romperse la laringe para que te oigan, la cafetería es de estación de Renfe, los proyectores se encallan, las pizarras son una ruina, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la universidad pública no tiene un duro. Por eso, las reformas siempre atañen al proceso administrativo, pero nunca a las condiciones de la docencia o de la investigación.

Las escuelas privadas, en cambio, son una preciosidad. Edificios nuevos, luminosos, limpios, racionales. ¡Qué cantidad de ordenadores para los alumnos! ¡Qué aulas de trabajo! ¡Qué sala de audiovisuales! ¡Qué bibliotecas! ¡Qué aparcamientos! Hay en mi ciudad tres escuelas de arquitectura privadas, en competencia con la pública. Para mí siempre será un misterio que al obispado, al Opus Dei o a los cuáqueros les interese tener una escuela de arquitectura, pero ahí están, relucientes, equipadísimas, de lo más agradables, y con unas matrículas de aquí te espero. Nos dan una envidia cochina.

Si el complejo económico-político pudiera reconvertir la enseñanza pública con la facilidad con la que ha reformado el Ejército, lo haría. Antes, el Ejército era el brazo armado de la soberanía popular. Ahora es una empresa de servicios, con mercenarios altamente cualificados. Para formar mercenarios de alta especialización técnica no se necesita una universidad pública. Basta con las privadas. Por eso el complejo económico-político no sabe qué hacer con la universidad pública. O sea, no sabe cómo cerrarla de una puñetera vez. 

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Última modificación: 12-10-2001