El Comité Europeo contra la Tortura investiga en Melilla y Almería
Interior, dispuesto a reformar leyes para mejorar el trato a los detenidos
Los asaltos masivos de la valla fronteriza de Melilla y el caso Roquetas han llevado a los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura a visitar numerosas instalaciones policiales y carcelarias en la ciudad autónoma y en Almería.
LUIS IZQUIERDO - 00:00 horas - 21/12/2005
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), perteneciente al Consejo de Europa, concluyó el pasado lunes una visita de trabajo a España en el marco de la cual ha realizado numerosas inspecciones a instalaciones policiales y carcelarias de Melilla y Almería, según confirmaron fuentes del propio comité y del Ministerio del Interior.
Los asaltos masivos a la valla fronteriza y el caso Roquetas, en el que un agricultor murió tras ser detenido en un cuartel de la Guardia Civil, han llevado al CPT a centrar su visita, considerada como no periódica, en la ciudad autónoma y la provincia andaluza. Los tres miembros de la comisión que han viajado a España estuvieron en la prisión almeriense de Azebuche y en el Centro de Internamiento de Extranjeros, así como en comisarías e instalaciones de la Guardia Civil de Almería. Por lo que respecta a Melilla, los equipos del CPT visitaron el perímetro fronterizo, la comandancia de la Benemérita y la comisaría de la ciudad. Fuera de estas dos demarcaciones, sólo estuvieron en la prisión madrileña de Soto del Real.
El mismo lunes, último día de su misión en España, los tres miembros del comité, entre ellos su presidenta, la británica Silvia Casale, se entrevistaron con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para exponerle algunas de sus primeras impresiones.
Fuentes de Interior explicaron que Camacho transmitió a los miembros de la delegación del Consejo de Europa la disposición del Gobierno español de poner en marcha las acciones oportunas para mejorar el trato a las personas privadas de libertad. Incluso aunque ello suponga la reforma de algunas leyes.
En este sentido, los responsables del CPT mostraron al secretario de Estado su preocupación por el hecho de que algunos detenidos permanezcan hasta ocho horas en espera de su abogado. También expusieron la conveniencia de que las personas arrestadas puedan consultar con sus letrados antes de prestar declaración ante la policía. Otra de las preocupaciones del CPT es el plazo máximo de incomunicación de cinco días previsto para delitos graves como el narcotráfico. Como ya sugirieron en anteriores informes en los años 2001 y 2003, los delegados del Consejo de Europa recomiendan que los detenidos puedan ser reconocidos por otros médicos que no sean los forenses.
Camacho explicó a los miembros del CPT que el plazo de ocho horas para recibir asistencia letrada es un máximo que raramente se agota y expuso que la presencia del abogado en las declaraciones policiales muchas veces no es precisa porque, sencillamente, en numerosos delitos sólo hay la declaración ante el juez. En cuanto al plazo de incomunicación, el secretario de Estado alegó que está sujeto a tutela judicial. Y por lo que respecta al forense, Camacho dijo que no es un funcionario policial, sino de Justicia.
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