Los accionistas europeos de empresas radicadas en algún país de la UE
distinto de aquél en el que viven tendrán más facilidades para acceder a la
información para las juntas y para votar desde la distancia, según una
propuesta de la Comisión Europea. La idea es acabar con los obstáculos que
en la práctica dificultan e incluso impiden a los inversores europeos acudir
a las juntas informados y ejercer su derecho a voto. El creciente número de
inversores extranjeros, y el peligro de que éstos se conviertan en grandes
masas de accionistas pasivos, ha llevado al Ejecutivo comunitario a preparar
un paquete legislativo que pretende facilitar la participación de los
accionistas remotos, y que tiene previsto presentar hoy en Bruselas el
comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, después de que la
Comisión lo aprobara la semana pasada.
Entre las propuestas figura el
respeto a la posibilidad de votar desde cualquier país de la UE por correo
postal y a través de Internet. En este último caso, la propuesta comunitaria
exige la eliminación de todo tipo de obstáculos para emitir el voto
electrónico en las juntas, aunque precisa que exigir la identificación de
los accionistas no se considerará un impedimento.
La informática también podrá utilizarse para enviar preguntas a la
junta desde otro país de la UE. Los inversores podrán utilizar además el
correo postal para preguntar y las respuestas deben ser en todo caso de
fácil acceso para los accionistas.
Asimismo, el texto establece la extensión del concepto de
proxy (la delegación de poderes). Bruselas defiende la aplicación de
proxy a todos los derechos del accionista en una junta general en
lugar de restringirlo al derecho a voto.
Representación
"Todos los accionistas tienen derecho a designar a
una persona física o jurídica como accionista para asistir y votar en una
junta general en su nombre", reza el texto legal. Bruselas propone además
acabar con el bloqueo del voto de los inversores, que impide vender
participaciones en los días previos a una junta general.
La Comisión reconoce que queda mucho camino por recorrer en el campo
de la integración de los mercados financieros europeos. Un anexo de la
propuesta comunitaria advierte de que el acceso con tiempo suficiente a la
información relevante para las juntas de accionistas y que los problemas
específicos del voto "transfronterizo" de los inversores debe ser resuelto.
Añade que las leyes existentes son insuficientes para garantizar los
derechos de estos inversores, y cita como ejemplo la llamada directiva
comunitaria de transparencia, que requiere a las empresas poner a
disposición de los accionistas ciertos documentos relevantes antes de las
juntas generales. "El artículo 17 no establece, sin embargo, cómo y cuándo
han de ponerse a disposición", explica el texto de la propuesta.
El texto comunitario constituye un mínimo de derechos que los países
de la UE deben garantizar a los accionistas. Cada Estado miembro podrá, no
obstante, mejorar aún más estas medidas. Una vez aprobadas por la Comisión,
la propuesta debe todavía contar con el visto bueno de los Veinticinco
países miembros y del Parlamento Europeo.
