El no francés y holandés

EN LOS REFERENDOS los ciudadanos no se leen los documentos y se mueven por la política local del momento

CARLOS DE MONTOLIU - 24/06/2005


Cuando se constituyó la Europa de los Quince se acordó no continuar su ampliación hasta que previamente no se lograra tener una Constitución europea que permitiera que las resoluciones más importantes no tuvieran que ser tomadas por unanimidad. Circunstancia que nos llevaría a una paralización de las decisiones comunitarias. Posteriormente, por insistencia del Reino Unido, cuyo objetivo era frenar la tendencia federalista de Bruselas y también por las peticiones de Alemania, por intereses comerciales con los países del Este ex comunistas, se decidió ampliar la Unión Europea antes de llegar a una Constitución. Grave error que ahora estamos pagando.

Después de las negativas francesa y holandesa, hemos de ser respetuosos con los resultados obtenidos, pero también hemos de tener en cuenta que más de 220 millones de europeos, en estos momentos, han aceptado la Constitución europea. Por lo tanto, la ratificación ha de seguir hasta el final. Todos los países de Europa deben tener derecho a expresar su decisión en relación al texto de la Constitución europea.

La legislación exige que para aprobar este texto se necesita por lo menos el voto positivo de veinte de los veinticinco países miembros a efectos de que el Consejo Europeo decida; y si decide seguir, cualquier defecto que se tenga que corregir siempre será más fácil hacerlo tras su entrada en vigor, que no seguir con el tratado de Niza, el cual exige unanimidad para la más mínima reforma. Creo que sería más real que la consulta se hubiese llevado a cabo a través de los respectivos parlamentos que por referendos. La gran mayoría de la población votante no se ha percatado de las grandes ventajas que le reporta la Constitución.

En los referendos los ciudadanos no se leen los documentos y se mueven por la política local del momento. Los parlamentarios, por el contrario, estudian y votan a sabiendas de lo conveniente. En todo caso, era necesaria una revisión en profundidad de las instituciones creadas en la década de 1960-1970 para seis estados que ahora han de servir a veinticinco.

Una Convención compuesta de 105 miembros que representaban a los jefes de Gobierno, al Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales y la Comisión Europea, junto a representantes de los países candidatos a la ampliación, reunidos durante 18 meses redactaron una Constitución europea que casi nadie ha leído. Pero eso tampoco es una novedad; cabría preguntar a los votantes de nuestra Constitución española hasta que punto la conocían o iban de oídas.

Teniendo en cuenta su histórico euroescepticismo, no hay que sorprenderse de la negativa del Reino Unido a someter, por el momento, a referéndum la Constitución europea. Siempre ha preferido que la UE acabe en una simple unión aduanera. No simpatiza con la moneda única, ni con los avances en la supranacionalización de algunas instituciones europeas.

Recordemos que cuando nace la Europa de los Seis, el Reino Unido organiza la EFTA de forma conjunta con otros seis países europeos con el único objetivo de contrarrestar la influencia mundial de aquellos. Al no lograrlo, la disolvió y pidió la entrada en la CEE. El resto de sus socios le siguieron y solicitaron su ingreso en ésta. El Reino Unido seguirá la misma estrategia y esperará, con cierta satisfacción, que fracasen los referendos, y si al final el conjunto de las votaciones resultan favorables a la Constitución europea, a última hora se unirá con sus socios europeos como lo hizo anteriormente a los seis del Mercado Común.

Hay que tener en cuenta aquí también la vigilancia de EE.UU., alerta a los avances de la Europa unida, que tiene como submarinos al Reino Unido y Polonia y por poco podría haberse sumado en esta misión España.

CARLOS DE MONTOLIU, secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo