La Eurocámara se opone a la retención de los datos sobre los e-mails y llamadas
Para los eurodiputados, el plan de los Veinticinco es una amenaza innecesaria a la privacidad

En el debate sobre el binomio seguridad-libertad, la Eurocámara se muestra por ahora contundente. Los diputados rechazaron ayer el plan de los Veinticinco para retener datos de las telecomunicaciones, aunque la Cámara no descarta apoyar la versión suavizada, y más favorable a la industria, que defiende la Comisión.

Los eurodiputados ven con mejores ojos el proyecto alternativo del Ejecutivo comunitario, más suave y favorable a las 'telecos'

FERNANDO GARCÍA - 28/09/2005
Corresponsal BRUSELAS

El Parlamento Europeo cree que el proyecto de los Veinticinco para retener datos básicos de llamadas y de e-mails que podrían ayudar a detener terroristas resulta desproporcionado, amenaza la privacidad y ofende a la Eurocámara al haberse concebido de forma que su intervención no es necesaria. Por ello el pleno parlamentario rechazó ayer de forma abrumadora el polémico plan de los socios. Los diputados no ven con tan malos ojos la propuesta alternativa que al respecto prepara la Comisión Europea, la cual recomienda plazos de almacenamiento de datos más cortos, favorece a la industria del sector y requiere el respaldo de la Cámara.

El informe que la Cámara emitió ayer era consultivo, precisamente por referirse a una fórmula legislativa (decisión marco) que sólo precisa el acuerdo unánime de los gobiernos. La votación se hizo a mano alzada y no se contaron los votos. Pero no hizo falta, pues el número de manos levantadas hizo evidente un rechazo prácticamente unánime.

El pronunciamiento forma parte del debate europeo sobre el binomio seguridad-libertad. O sobre donde acaba la protección a los ciudadanos y dónde empieza la vulneración de sus derechos. Un debate que los recientes, duros y controvertidos planes antiterroristas de Londres y París han avivado.

La propuesta que la Eurocámara censuró ayer la presentaron en abril los gobiernos de Francia, Reino Unido, Irlanda y Suecia, y más tarde la asumieron todos los socios. El objetivo era garantizar la conservación, entre seis meses y tres años, de ciertos datos de las conexiones por teléfono y ordenador que podrían proporcionar pistas vitales en las investigaciones contra redes terroristas y del crimen organizado.

La información que se pretendía retener no afectaría en ningún caso a los contenidos, pero sí a la identidad de las personas implicadas en las llamadas y mensajes, tipo e instrumento de la comunicación, duración de los contactos, y números de teléfono o direcciones de correo.

Las dudas y las críticas no tardaron en surgir. La industria del sector puso pronto el grito en el cielo. Las telecos hablaron de cientos de millones de euros en sobrecostes. Objetaron por ejemplo que, para almacenar datos que hoy no conservan porque no generan facturación, caso de los correspondientes a las llamadas perdidas, tendrían que hacer inversiones impresionantes. Los gobiernos apuntaron tímidamente la posibilidad de alguna "compensación" de los Estados y aseguraron que la industria exageraba. En una reunión a la vuelta de las vacaciones, los ministros de Interior se reunieron con la patronal del sector, pero no hubo avances. Eso sí, las compañías dejaron claro que no serían nunca ellas, sino los Estados o los consumidores - vía subida de tarifas-, las que pagarían el pato.

Por su parte, el Parlamento encabezó desde un principio las críticas al proyecto de los Veinticinco por cuanto podría tener de pisoteo de derechos. En el debate previo a la votación de ayer, todos los grupos formularon objeciones. Unos dudaron de la necesidad misma de retener los datos citados, y la mayoría se centró en dos elementos: la "desproporción" entre el fin perseguido y las exigencias demandadas, tanto en términos de pérdida de privacidad para los ciudadanos como de esfuerzo para las compañías, y el hecho de que el procedimiento elegido marginara a la Cámara.

Con el propósito de aliviar todas las inquietudes, la Comisión propuso hace unos días su receta alternativa: una directiva (a consensuar entre gobiernos y Parlamento) que rebajaría a un año el plazo de retención de los datos y obligaría a los Estados a reembolsar a las compañías todos los sobrecostes. Los grupos parlamentarios se mostraron ayer abiertos a estudiar y tal vez apoyar esa fórmula. Pero no está claro si también las capitales aceptarán, máxime si la nueva tramitación retrasa un acuerdo sobre la medida más allá de fin de año. El debate sigue abierto, y un tanto complicado.