'El accionista es el rey'. Así de claro lo expuso el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, durante su intervención la semana pasada en una conferencia europea sobre gobierno corporativo celebrada en Londres. Sin embargo, los accionistas son reyes que, en muchas ocasiones, se encuentran desprovistos de su capacidad real de influencia en las empresas en las que invierten. Y eso es algo que la Comisión Europea está tratando de evitar.

Precisamente a lo largo del día de hoy se reúne en Bruselas el grupo de expertos de alto nivel al que la CE ha encargado que estudie las mejores fórmulas para lograr la convergencia entre los distintos códigos de buen gobierno en la UE y asesoren a la Comisión en los asuntos relacionados con el gobierno corporativo. En la agenda de este grupo, que cuenta con la presencia del español José María Garrido, ex secretario general de la CNMV y socio del bufete Cuatrecasas, y del que fue coordinador del código Winter, Jaap Winter, se encuentra precisamente el del análisis del papel de los accionistas en las empresas de la UE. Se trata de un punto del orden del día que continuará y ampliará el debate mantenido durante la anterior reunión de estos expertos, del pasado 20 de junio.

Pero además del asesoramiento que le proporciona este grupo de expertos, la CE quiere contar con la opinión de los distintos grupos de interés. Así lo acaba de anunciar el comisario McCreevy, que ha asegurado que la CE tiene la intención de lanzar 'en las próximas semanas' una 'amplia consulta pública' sobre distintos aspectos relacionados con el buen gobierno.

No es la primera vez que la Comisión quiere conocer la opinión de los agentes del mercado. Ya en anteriores ocasiones el objetivo principal se ha puesto en el papel de los accionistas y, en particular, en las especiales dificultades con las que se encuentran aquellos que residen en un país diferente al de la sede de la empresa a la hora de ejercer sus derechos. Un asunto que no es baladí si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los datos manejados por la CE, más del 30% de las acciones de compañías cotizadas se encuentran en manos de inversores que residen en países distintos a los de la sede de la empresa.

McCreevy ha asegurado que el problema tratará de resolverse mediante una norma comunitaria. 'Intentaré enviar un borrador de directiva a mis colegas en la Comisión antes de que acabe este año', afirmó la semana pasada.

La Comisión Europea continúa considerando que es necesario reforzar dos de los criterios que considera básicos para asegurar el cumplimiento del buen gobierno. Se trata de la transparencia y los derechos de los accionistas. Ambos principios constituyeron la espina dorsal de la primera fase del plan de acción de buen gobierno de la CE y 'continúan siendo igualmente válidos para la segunda fase', en palabras de McCreevy. 'Estoy convencido de que su aplicación ayudará a las empresas a atraer inversores y, como consecuencia, les ayude a incrementar u producción y su rentabilidad', opina el comisario de mercado interior.

Pero entre las prioridades de la CE se encuentra la de conseguir que los accionistas puedan ejercer sus derechos y recibir la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas independientemente del país de la Unión Europea en que se encuentre. Y entre las líneas maestras que podría contener la futura regulación comunitaria con el objetivo de evitar las dificultades que afectan a los accionistas destaca el fomento de la utilización de las nuevas tecnologías que, en opinión de la CE, ayudarán a reducir las distancias y a mejorar la comunicación entre empresa y accionistas.

No es la primera vez que la Comisión Europea se plantea el análisis de la aplicación del principio de que una acción debe equivaler a un voto. Una práctica muy poco extendida en la realidad entre las empresas europeas. Han sido muchos los estudios sobre este asunto. Uno de los más recientes ha sido el elaborado por la consultora Deminor, cuyos resultados arrojaron la siguiente conclusión. Sólo dos tercios de las grandes compañías europeas operan de una manera democrática y respetan el principio de que una acción equivale a un voto. Por tanto, aún son muchas las sociedades que utilizan mecanismos para limitar los derechos de voto. En el caso de que el parámetro para medir la calidad del gobierno corporativo de las empresas europeas fuera únicamente el principio de que una acción equivale a un voto, una gran parte de las grandes compañías europeas no pasaría el listón del aprobado.La democracia accionarial definida en este sentido es muy pobre en algunos países como Holanda, donde sólo una minoría de las empresas cotizadas (el 14%) respeta el principio, en Suecia (25%) y en Francia (31%). El lugar de honor lo ocupan las empresas belgas (100%), alemanas (97%) y del Reino Unido (88%).Según el estudio, España se encuentra a medio camino, porque el 59% de las sociedades cotizadas sí reconoce el derecho de que una acción equivale a un voto. En la misma situación se encuentran otros países como Suiza (59%) e Italia (68%). El catálogo de restricciones del derecho al voto es amplio. En España la práctica más frecuente es la limitación del número máximo de votos a emitir por un único accionista. Una limitación que, por lo general, suele quedar establecida en el 10%.