Los Gobiernos de la Unión Europea aprobaron ayer, no sin disensiones, la
propuesta de reglamento sobre productos químicos que pretende poner orden en
el caos del sector. Alrededor de 30.000 productos circulan y son empleados
en todo el continente sin un conocimiento preciso de sus características y
efectos sobre la salud. Pero los ministros devaluaron ayer uno de los puntos
clave del reglamento, el llamado principio de la sustitución, que obligaba a
autorizar una sustancia peligrosa únicamente si no había alternativa y por
un plazo máximo de cinco años. Lo que se pretendía con estas condiciones era
incentivar la investigación. Ahora se ha eliminado el principio, a petición
de la industria, por considerarlo demasiado gravoso. Las sustancias
peligrosas se revisarán caso por caso, según las circunstancias.
El
Registro, Evaluación y Autorización de Químicos (REACH) fue aprobado hace un
mes en primera lectura por el Parlamento Europeo y ya entonces los
conservadores, encarnados en una eurodiputada alemana, dejaron claro que
algunos aspectos serían retocados por los Gobiernos. Uno de los grandes
triunfos de la izquierda y de los ecologistas fue entonces la integración en
REACH del principio de la sustitución. Ayer se vino abajo. "La idea de la
sustitución es muy sencilla, pero su aplicación mucho más compleja", explicó
el vicepresidente de la Comisión encargado de Empresa e Industria Günter
Verheugen, el alemán visto por muchos como adalid de los intereses de la
industria de su país, que en el sector químico encabeza un continente que es
líder químico mundial.
Verheugen explicó que no era conveniente imponer "condiciones poco
razonables" a la empresas. Según sus datos, el 96% de las 27.000 sociedades
implicadas directamente en el sector son pequeñas y medianas, y no hace
falta poner las cargas financieras adicionales. La prevista aceptación de
sustancias (sólo en caso de que se pruebe que no hay productos o tecnologías
alternativas y cuando las ventajas socioeconómicas compensen riesgos
sanitarios o medioambientales y por cinco años) quedó reducida a una
revisión de la autorización de uso caso por caso.
Se impuso el criterio mayoritario, con la única oposición de Irlanda
y Portugal. Dinamarca, Suecia y Luxemburgo aceptaron a regañadientes el
paquete con la intención de introducir en el futuro más garantías para los
consumidores. España, que tenía particular interés en dejar fuera del nuevo
régimen a las fritas cerámicas, también acabó por aceptar, pese a que ahora
deberán ser analizadas, en contra de la exoneración concedida por el
Parlamento Europeo. Las fritas cerámicas son compuestos vítreos insolubles
de inevitable uso en la fabricación de azulejos y cerámicas, sector crucial
en la economía levantina: la mitad de las 42 empresas cerámicas de la UE
están en Castellón.
España había hecho un caballo de batalla de su exclusión y ayer el
ministro José Montilla tuvo que poner paños calientes a la nueva situación,
argumentando que el registro de sustancias en REACH no está cerrado y podría
haber nuevas excepciones. Según él, "la puerta está abierta". Pese a esta
derrota en el único objetivo concreto de España, Montilla habló de acuerdo
"aceptable". A su juicio, la normativa "va a ayudar a proteger el medio
ambiente y la salud de las personas".
El procedimiento está encarrilado, pero no cerrado. Ayer se ofreció
el acuerdo político a REACH, que la próxima primavera se convertirá en una
posición común de los Veinticinco. Deberá ser sometida a una segunda lectura
parlamentaria tras el verano antes de volver al Consejo, a finales de 2006.
En el nuevo paso parlamentario tendrán socialistas, liberales, verdes,
comunistas y verdes nórdicos una nueva ocasión de reintroducir la
obligatoriedad del principio de la sustitución. La nueva normativa debería
aplicarse a partir de 2007, pero la Agencia Europea de Químicos que debe
centralizar controles e información no funcionará hasta 2008, lo que supone
un año de retraso en la entrada en vigor del reglamento.
Intereses industriales
Por delante quedarán once años para ir
analizando y registrando escalonadamente los 30.000 productos químicos. Los
análisis los harán las compañías fabricantes, que heredarán una
responsabilidad que hasta ahora tenían los Gobiernos y que no ejercían.
Para no perjudicar los intereses de la industria química europea (que
da trabajo directo a 1,7 millones de personas e indirecto a otros tres, y
que mueve unos 600.000 millones de euros anuales), REACH reduce las
exigencias de información para las cerca de 20.000 sustancias producidas,
salvo que su peligrosidad esté fuera de duda. Eso supone que sólo entre el
10% y 30% de los productos químicos deberán ser analizados en detalle.