LA EDIFICACIÓN EN ZONAS DE COSTA
Ultimátum al urbanismo valenciano
Bruselas exige que la ley que amenaza el litoral se corrija antes de tres semanas
La Comisión Europea amenazó ayer con denunciar a España si en tres semanas Valencia no ajusta su ley Urbanística a la normativa comunitaria.
| La Comisión Europea entiende que la nueva ley Urbanística que el PP quiere aprobar mantiene los defectos de la anterior | |  |
FERNANDO GARCÍA | SALVADOR ENGUIX - 00:00 horas - 15/12/2005
Sin tiempo para recuperarse del varapalo que el Parlamento Europeo le propinó anteayer, cuando exigió una moratoria a los planes urbanísticos en la comunidad autónoma, la Generalitat valenciana recibió ayer una segunda reprobación de la Unión Europea a su política urbanística. En una decisión que a diferencia del duro informe de la Eurocámara sí es vinculante para el Ejecutivo valenciano y para el Estado, la Comisión Europea dio un ultimátum a las administraciones concernidas para que, en el plazo de tres semanas, corrijan su proyecto de nueva ley Urbanística y la adecuen a la normativa comunitaria sobre contratos; si no lo hacen, la Comisión Europea llevará el caso ante el Tribunal de la UE (en Luxemburgo).
Además, Bruselas advierte de la probable ilegalidad del "régimen transitorio" que la Generalitat valenciana quiere imponer en la nueva ley Urbanística Valenciana (LUV) que sustituirá a la ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en vigor; dado que, según han denunciado los socialistas valencianos, permitirá que todos los Planes de Acción Integral (PAI) que estén en tramitación al aprobarse la nueva ley se rijan por la antigua. Según Eugenio Burriel, encargado de temas de urbanismo del PSPVPSOE, "Europa ha detectado lo que es una evidencia: que con esta disposición transitoria se está sustrayendo a la nueva ley la mayor parte de la planificación urbanística para los próximos 10 o 15 años".
La Comisión abrió procedimiento contra España por este asunto en marzo pasado. Entonces emplazó a las autoridades a que reajustaran las normas legales en vigor y en proyecto en la Comunidad Valenciana para adecuarlas a las leyes comunitarias. Según Bruselas, no ha habido caso. De ahí el ultimátum como aviso antes de recurrir a la justicia.
La Comisión afirma que los PAI que articulan los polémicos planes urbanos en las costas de Levante "son contratos públicos de obras y, en ciertos casos, contratos públicos de servicios, por lo que han de respetar las correspondientes directivas europeas y los principios generales del tratado" (competencia, transparencia, publicidad, equidad...).
Tal como recuerdan los servicios del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, "las Cortes Valencianas han iniciado un procedimiento legislativo con el fin de modificar la vigente ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y de adaptarla a las directivas mencionadas". Sin embargo, "la Comisión observa que las autoridades españolas no se han ajustado a la carta de emplazamiento - enviada en marzo- y que el proyecto de ley comunicado a la Comisión no es suficiente para poner fin al incumplimiento en diversos puntos". En particular - subraya-, no prevé una solución adecuada para la cuestión del periodo transitorio aplicable a la LRAU.
La Comisión quiere evitar que las constructoras, con el beneplácito de las administraciones, aprovechen dicho periodo transitorio hasta la aprobación de nuevas normas más restrictivas, para pedir y obtener licencias con las que puedan prolongar de hecho las actuaciones especulativas basadas en las ventajas de la LRAU. Fuentes del sector valoran que más de 350.000 viviendas se podrían construir acogiéndose a este periodo transitorio. Ya el informe de la Eurocámara, cuyos grupos políticos decidieron actuar tras haber recibido 15.000 quejas ciudadanas, señalaba que "parece que se está produciendo una cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley".
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