El reto de los presupuestos
europeos
ÁNGEL DE LA FUENTE
EL PAÍS
- Opinión - 16-12-2005
El Consejo de la Unión Europea (UE), reunido ayer y hoy en Bruselas,
intenta (por segunda vez) acordar las grandes líneas de los presupuestos
comunitarios para el periodo 2007-2013. Los Gobiernos europeos acuden a la
cita sometidos a fuertes presiones para alcanzar un acuerdo. Primero, porque
un nuevo fracaso presupuestario supondría un duro golpe para una Unión ya
sumida en el desconcierto y amenazada por la parálisis tras el rechazo de la
Constitución europea. Y segundo, porque si el acuerdo no se alcanza ahora
será difícil que algunos programas importantes comiencen a ejecutarse a
tiempo, lo que podría suponer un grave perjuicio para los países perceptores
de ayudas estructurales.
En vista de lo anterior y dado el empeño de los
principales contribuyentes netos en recortar al máximo sus aportaciones a
las finanzas comunitarias, parece probable un acuerdo de última hora para
aprobar un presupuesto de mínimos, con un nivel de gasto mucho más cercano
al 1% del PIB comunitario que al 1,22% que reclamaba la Comisión Europea en
su propuesta original. Las negociaciones se centran en dos puntos
especialmente controvertidos de la propuesta de la presidencia británica. El
primero es el reducido recorte del cheque por el que se devuelve al
Reino Unido dos tercios de su saldo neto con la UE, que prácticamente todos
los demás gobiernos consideran insuficiente. Y el segundo, la apertura de un
proceso de revisión de la política presupuestaria europea, con especial
énfasis en su capítulo agrario, que podría resultar en una modificación del
presente acuerdo a partir de 2008. A esto se oponen frontalmente los
principales beneficiarios de la política agrícola común, liderados por
Francia, apoyándose en un acuerdo previo de blindar esta partida hasta 2013.
La segunda propuesta británica está más que justificada. Resulta
difícil concebir una política más ineficiente y regresiva que la práctica
comunitaria de subvencionar a los grandes propietarios agrarios con cargo a
los consumidores y contribuyentes europeos, imponiendo de paso fuertes
barreras a la entrada de productos alimenticios que suponen un obstáculo
importantísimo para el desarrollo de los países más pobres. Bienvenida sea,
por tanto, la revisión que proponen los británicos. Pero ésta no puede
limitarse sólo a promover una composición más razonable del gasto. Otro
objetivo igualmente importante ha de ser el de garantizar un reparto
equitativo de los costes y beneficios directos de la Unión mediante la
adopción de una regla de reparto transparente que ponga fin a las
disfunciones del mecanismo presupuestario actual (tales como el
cheque británico) que permiten que países con niveles muy similares
de renta tengan saldos presupuestarios muy diferentes.
De acuerdo con el principio de cohesión, la contribución neta por
habitante de cada país al presupuesto de la Unión ha de ser directamente
proporcional a su nivel de renta per cápita en términos reales. Para
implementar esta regla sería muy útil introducir un mecanismo generalizado
de compensación que permita eliminar mediante transferencias directas la
posible diferencia entre el saldo neto que correspondería a cada país en
función de su renta y el resultante de las distintas políticas que pueda
adoptar la Unión en cada momento. En mi opinión, este procedimiento ayudaría
a aumentar la calidad de las decisiones presupuestarias de la UE por dos
razones. La primera es que permitiría asignar los recursos destinados a los
distintos programas comunitarios de acuerdo con los objetivos que los
motivan, sin tener que preocuparse por su impacto sobre los saldos netos de
los países miembros. La segunda es que obligaría a los Gobiernos nacionales
a internalizar el coste de oportunidad del gasto europeo, que ahora tienden
a percibir como nulo en muchas ocasiones. Con los saldos netos fijados de
antemano, cualquier aumento del gasto comunitario en un país dado se
traduciría en una reducción de sus propios recursos presupuestarios, lo que
eliminaría el incentivo actual de cada Gobierno a dar la bienvenida a todo
aumento del gasto europeo en su territorio, aunque se trate de programas que
no estaría dispuesto a financiar con sus propios recursos.
Desde el punto de vista de nuestro país, el nuevo acuerdo supondrá
necesariamente una reducción sustancial de nuestro saldo neto con la UE y de
las ayudas estructurales que venimos percibiendo como resultado del rápido
crecimiento de nuestra economía durante la última década y de la
incorporación a la Unión de un grupo de países con niveles de renta muy
inferiores a los del resto de sus miembros. Habiendo disfrutado muchos años
de la solidaridad comunitaria, España debe aceptar que el grueso de ésta se
traslade ahora a territorios que la necesitan más. Pero también puede y debe
exigir que los costes de la ampliación se repartan de una forma equitativa y
que la reducción de las ayudas que actualmente percibe sea gradual.
Con todo, hemos de ser conscientes de que el margen para la
negociación no es muy grande y de que el resultado de la misma planteará
algunos retos importantes sobre los que convendría comenzar a reflexionar
ya. Tomando como base la propuesta original de la Comisión Europea (sobre la
que sólo cabe esperar recortes en el acuerdo final), resulta posible hacer
un cálculo de mínimos de la reducción de las ayudas estructurales y estimar
su impacto macroeconómico. De acuerdo con esta propuesta, España perdería a
partir de 2007 casi la mitad de las ayudas estructurales que ahora percibe,
lo que supone más del 20% de la inversión agregada en infraestructuras del
conjunto de las administraciones públicas. Según mis estimaciones, esto
resultaría en un descenso de la tasa de crecimiento del PIB de un cuarto de
punto anual, que se elevaría hasta casi medio punto en el caso de las
regiones que salen del llamado Objetivo 1 (que incluye a las menos
favorecidas).
El shock adverso es, por tanto, bastante considerable. Una de
las cosas que podemos hacer para suavizar sus efectos es extremar la
prudencia presupuestaria, ahora que las cosas van más que razonablemente
bien para tener un mayor margen de maniobra en años próximos. Esto es
particularmente importante porque los recortes podrían llegar, muy
inoportunamente, al comienzo de una recesión para la que no estamos bien
preparados. Lo de perseguir la estabilidad presupuestaria sobre el conjunto
del ciclo económico en vez de año a año está muy bien, pero ha de tomarse en
serio. Para que la cosa funcione, hemos de tener superávit significativos en
años de vacas gordas y no lo estamos haciendo.
La nueva situación también exige una reconsideración de nuestra
política territorial y de inversión pública. Hemos de ser conscientes de que
con los nuevos presupuestos de la UE, la responsabilidad básica sobre la
política regional española comenzará a transferirse de Bruselas a Madrid.
Necesitamos, por tanto, dotarnos de instrumentos propios que puedan
sustituir gradualmente a los fondos estructurales europeos. También tenemos
que pensar seriamente sobre el volumen de recursos que queremos dedicar al
fomento de la cohesión territorial por esta vía. Esto ha de hacerse teniendo
muy en cuenta que una política de "discriminación positiva" en la inversión
en infraestructuras en favor de las regiones menos favorecidas comporta
considerables costes de eficiencia que se traducen no sólo en un menor nivel
de renta agregada, sino también en un descenso de los recursos
presupuestarios disponibles, entre otras cosas, para las políticas sociales.
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