Las características de las sociedades capitalistas de la década de los noventa,  (en contraste con las de los años sesenta) en cuanto a mecanismos de inclusión y exclusión social, a mi juicio, deben considerarse a la hora de entender las condiciones en las que intentan insertarse los colectivos de inmigrantes que van llegando en diferentes periodos, tanto a Europa y al Estado español. La pérdida de centralidad de trabajo como factor de integración, la reducción del papel del Estado como agente regulador, la tendencia a la individuación y la crisis de las antiguas instituciones y actores políticos son algunas de estas características. Todas, apuntan al debilitamiento de la cohesión social y la ampliación de sectores potencialmente vulnerables a ser excluidos y marginados del sistema. En este contexto, de aumento del desempleo y precarización de las condiciones laborales y de reducción de las políticas sociales destinadas a compensar las deficiencias integradoras del sistema, evidentemente es mucho más difícil integrarse a las sociedades receptoras que en circunstancias pasadas.

Estas características que constriñen las posibilidades de inclusión de los inmigrantes van a ser complementadas con otros elementos. Las transformaciones en la economía de la región y los cambios en cuanto a demanda de mano de obra inmigrante producen variaciones significativas en la política migratoria desde la postguerra hasta el momento actual, pasando de periodos de amplia aceptación de inmigrantes hasta momentos fuertemente restrictivos, a partir de la constitución de la Comunidad Europea y la entrada en vigor de los  acuerdos regionales sobre la inmigración no comunitaria.

La existencia de una política europea de tinte restrictivo y disuasorio en relación con la inmigración no comunitaria, es un elemento clave para entender lo que va a ser la legislación española en esta materia. La anexión de España a la Comunidad Europea impone un verdadero giro en lo que hasta el momento había sido el tratamiento de la inmigración. De la permisividad, dispersión legal y la ineficiencia administrativa se da paso a un nuevo periodo, con la elaboración de un instrumento jurídico en el que se definen en forma global y coherente todos los lineamientos sobre el ingreso y estancia de los extranjeros en el país; la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros de 1985.  

Esto explica que las características de la ley de 1985 no sean distintas al perfil de la política migratoria comunitaria, sino que más bien tiendan a profundizar sus rasgos. La desproporción entre la mínima relevancia dada a los derechos y libertades y el énfasis en los deberes, restricciones y limitaciones para los extranjeros es un indicador de este perfil.

Las exigencias de regulación de la inmigración impuestas por el proceso de incorporación al bloque europeo, marcan la pauta a partir de la cual se hace visible la población inmigrada residente en el país, e incide directamente en el tratamiento práctico y discursivo que en adelante se le va a dar a este sector.

 El proceso de visibilización del inmigrante va a estar marcado por un clima general de alarma y aversión, así como por una magnificación cuantitativa de la población inmigrada realmente existente. Dentro de este contexto, comienzan a circular una serie de construcciones discursivas producidas y reproducidas por diferentes instancias  (Administración, medios de comunicación, especialistas, ONGs) que van delineando en un tipo de sujeto marcado por el etiquetamiento y la estigmatización. De este complejo entramado de construcciones discursivas en torno al inmigrante, hemos seleccionado unas para analizar con detenimiento como estrategias, que hemos denominado: criminalización, racialización, culturalización y victimización.

La primera de ellas, denominada criminalización, consiste en la asociación de la población inmigrada a acciones delictivas, situaciones al margen de la ley o problemas de orden público. Esta asociación se produce constantemente en las enunciaciones de diferentes posiciones sociales, dentro de las que destaca el discurso de la Administración y el de los medios de comunicación.

El espíritu general de la política de inmigración en el Estado español y sus herramientas jurídicas de implementación, contienen elementos que de forma directa o indirecta conducen a la asociación de la inmigración con la ilegalidad, la delincuencia y las amenazas al orden público. La identificación de la población inmigrada, en la legislación, como un sector que es preciso controlar, regularizar, detener, sancionar, internar y expulsar es ilustrativa al respecto. A partir de la promulgación de la Ley de Extranjería los inmigrantes extracomunitarios pasaron a ser considerados un grupo que, entre otras cosas, debía ser objeto de toda esta suerte de regulaciones, es decir, un grupo peligroso para la sociedad. Un efecto similar ha producido la asociación de una situación administrativa (como es carecer de permiso de residencia o de trabajo) con la condición de ilegalidad, a partir de la cual las personas en estas situaciones pasan a ser definidas como irregulares, ilegales o clandestinas.

Por otro lado, la criminalización del inmigrante a través de los medios de comunicación suele llevarse a cabo a través del privilegio exclusivo de noticias de carácter conflictivo, de hechos delictivos (robos, tráfico de drogas, tráfico de personas) o desprestigiados socialmente (como la prostitución), y la alusión a problemas que afectan el orden público (peleas, bandas de la calle) o de carácter irregular (llegadas masivas, deportaciones, expulsiones)

La segunda estrategia que hemos identificado es la racialización: procedimiento discursivo de definición de un individuo a partir de su adscripción (asignación) a una raza, o a un grupo humano fenotípicamente homogéneo cuyas características comunes, de naturaleza hereditaria, determinan sus capacidades y comportamiento. Además, esta adscripción racial suele venir acompañada de juicios negativos de valor, en función de una jerarquización de tales grupos humanos.

En el contexto social contemporáneo, es difícil hallar esta forma pura de racialización, con excepción de reducidos grupos sociales, como los partidos de ultraderecha o los grupos neonazis. El desmontaje científico de la idea de raza y la critica moral a su implementación debilitaron seriamente la legitimidad y difusión de discursos de esta naturaleza. A partir de década de los cincuenta y sesenta, comenzó a ser científicamente difícil, pero sobre todo moralmente cuestionable, sostener tesis de la diferencia racial entre grupos humanos.

Sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de discurso haya desaparecido, más bien se ha matizado y trasformado. Se han hecho muy frecuentes los discursos indirectos y solapados en los que el planteamiento de la diferencia por adscripción racial persiste en forma subyacente o aparece mezclada con otros elementos.  Han comenzado también a producirse desplazamientos claros en su núcleo argumentativo hacia otros ejes como la adscripción étnica o diferencia cultural.

Por su parte, el discurso de magnificación de la diferencia cultural, que hemos denominado culturalización, es un procedimiento cada vez más frecuente de construcción de identidad, sobre la base de la atribución a los inmigrantes de un bloque rígido de patrones culturales que establecen una distancia infranqueable entre éstos y la población autóctona. Se trata de una estrategia a través de la cual se lleva a cabo la producción del inmigrante como sujeto especialmente condicionado por patrones culturales, en muchos casos inferiorizados en función de patrones occidentales de conducta.

En las sociedades europeas contemporáneas, como hemos visto, el argumento de la diferencia racial ha pasado a ser cada vez más difícil de sustentar, por lo cual la tesis de la diferencia e incompatibilidad cultural se ha ido convirtiendo en un sustituido idóneo para fundamentar prácticas y estrategias discursivas de efectos similares. Planteamientos originados en el seno de la antropología y utilizados como consignas de defensa de las minorías culturales, están siendo empleados, en la década de los ochenta, por sectores de la derecha europea para inscribir y legitimar una distancia entre los colectivos de inmigrantes y el resto de la población.

Por último, destacamos la victimización: procedimiento discursivo a través del cual los inmigrantes son definidos como colectivos que padecen problemas, como víctimas de otros sujetos o como personas que necesitan ayuda de los miembros e instituciones de la sociedad receptora. En España este discurso es producido   frecuentemente por entes asistenciales, medios de comunicación, ciertas ONG. y sectores progresistas autóctonos. En este tipo de estrategia se suelen dramatizar los motivos y condiciones de la inmigración o presentar a sus protagonistas como sujetos pasivos presos de determinaciones sociales, objetos de la práctica de sectores inescrupulosos (como las mafias) o víctimas de las constricciones que imponen sus patrones culturales (tal es el caso de la mujer árabe). De esta manera, a pesar de sus frecuentes intenciones xenofílicas, este discurso produce y reproduce al inmigrante básicamente como un no-sujeto.

Estas son, a nuestro juicio, algunas de las principales construcciones discursivas que circulan en el entramado social en el ámbito español, delineando la figura del inmigrante no comunitario. Las prácticas y discursos promovidas por los colectivos de inmigrantes para revertir esta imagen adversa, difícilmente logran llegar a la esfera pública (la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación parece ser factor clave en este sentido)

Los discursos de los propios colectivos de inmigrantes en el contexto asociativo[2]  están centrados, en gran medida, en la discusión y denuncia en torno a la legislación de extranjería como práctica que produce e institucionaliza la discriminación e impide el disfrute de derechos en términos de igualdad con la población española. Sus principales demandas aluden a la difícil situación laboral, a la precariedad social y económica y a la permanente inseguridad jurídica padecida por los inmigrantes. Estos cuestionamientos comunes son expresadas a través de diferentes estrategias discursivas. Con fines analíticos, hemos clasificado esta variedad de posiciones discursivas en cuatro grandes categorías.

a)Discurso apolítico y/o conservador: Se trata del discurso producido por las asociaciones que no hacen mayormente referencias críticas a las condiciones de existencia de los inmigrantes en la sociedad receptora, o bien porque consideran que esto no les compete (centrándose exclusivamente en sus actividades) o bien porque asumen posiciones de corte institucionalista.

b) Discurso reivindicativo: Es el tipo de discurso a través del cual se realizan críticas a la situación social, jurídica y laboral de la población inmigrada en la sociedad de acogida, desde la perspectiva de la tradición de los derechos humanos. Se denuncia fundamentalmente la discriminación de las personas inmigradas y se defiende como principal bandera la búsqueda de condiciones de igualdad con la población autóctona.

c) Discurso combativo (de izquierda):  Es  aquel discurso en el cual se realiza un cuestionamiento profundo a las condiciones de existencia de la población inmigrada, subrayando su situación de exclusión social, sobreexplotación, precariedad laboral, etc. En él, se recurre a un lenguaje y  argumentación propios del pensamiento de la izquierda política. Se apela al tema de la inmigración para hacer una crítica profunda a las instituciones, características y tendencias de las sociedades capitalistas.

d) Discurso de crítica sistémica: Es un discurso semejante al anterior en cuanto a sus críticas, sólo que en éste el diagnóstico de la situación de los inmigrantes incorpora otros elementos, como las relaciones de poder entre los géneros. Se nutre de los planteamientos del movimiento feminista, incorporando elementos  propios de la particularidad de las condiciones de subordinación de las mujeres inmigrantes. La apuesta desde éstas posiciones es producir transformaciones profundas que no sólo pasen por la conquista de la igualdad de los inmigrantes o la transformación de las relaciones de clase, sino también el fin de otro tipo de relaciones de dominación y la necesidad de respetar la diferencia.

Este es, a grosso modo, el mapa de los discursos -y las identidades políticas que en ellos se construyen- producidos en el espacio asociativo de  los inmigrantes en Cataluña. A través de formaciones discursivas de esta naturaleza los colectivos incursionan en la agenda pública, asumen posición política con relación a los asuntos les conciernen y trazan estrategias de defensa de intereses comunes.

Dentro del panorama asociativo analizado, los colectivos con mayor  convocatoria y capacidad para hacer llegar su voz al espacio público, son aquellos que tiene un discurso de carácter reivindicativo, cuyas asociaciones tienen un número mayor de afiliados y simpatizantes, y cuyas propuestas (expresadas en términos de igualdad y de derechos políticos, civiles y sociales) son susceptibles de ser consideradas (en alguna medida) en los debates y decisiones públicas sobre la materia.

Los colectivos que sostienen un discurso contestatario –o de crítica profunda- tienen al contrario, una reducida capacidad de movilización y mínima capacidad de incidencia en decisiones públicas, aunque cumplen con la importante función de ampliar los márgenes del debate en ciertos espacios  de discusión. Mientras que las organizaciones cuyo discurso he denominado de crítica sistémica, comparten  esa escasa capacidad de incidencia y movilización social. Sin embargo, tienen a su favor el uso de un lenguaje más fresco y novedoso, la apuesta por transformaciones amplias que atraviesen transversalmente la vida social y la capacidad para crear afinidades con colectivos de la sociedad de acogida.

De la mano de estos discursos de diferente índole, acerca de las condiciones de existencia de la población inmigrada, tiene lugar la formación de identidades a través de diversas estrategias. Los colectivos de inmigrantes apelan a distintas categorías para crear identidades y formas de pertenencia, para posicionarse y enfrentar las condiciones sociales en las que se inscriben. Dentro de esta variedad hemos definido tres tipos de construcciones identitarias: identidades locales, identidades inclusivas e identidades transversales.

a) Las identidades locales serían aquellas en las que la afinidad se construye con base a elementos puntuales como la existencia de una procedencia común (provincial, nacional o regional), la pertenencia étnica, lingüística o la adscripción religiosa. Se trata de identidades creadas a partir de una cierta ascendencia cultural compartida cuya utilización es de poca utilidad para intentar producir movilización política de cierto alcance.

b) Lo que denomino identidades inclusivas son comunidades imaginadas más amplias, que apelan fundamentalmente a la condición de extranjería para construir una base compartida. A partir de ello, forman categorías tales como “inmigrante”, “colectivos de inmigrantes”, “población inmigrada”, “trabajadores extranjeros” en las que, independientemente de la procedencia, la cultura o la religión se comparte un hecho común, ser extranjeros que residen y trabajan en una sociedad que no es la suya. Estas son, probablemente, las categorías más frecuentes en el debate público sobre temas de inmigración ya que con ellas se puede designar a un amplio conjunto de personas que comparte, por este hecho, a pesar de su diversidad, ciertas condiciones de existencia comunes.

c) Las identidades transversales son construcciones que apelan también a otro tipo de marcadores (no sólo la condición de inmigrante) para construir afinidades. Sus protagonistas echan mano de elementos como el género o la edad para definir un tipo de subjetividad muy específica  (mujeres inmigradas, jóvenes inmigrantes, hijos de personas inmigradas) pero que a la vez tiene empatía con los colectivos homólogos de la población autóctona. Se trata de construcciones identitarias poco abundantes pero, sin embargo, interesantes, por las estrategias trazan para construir formas de subjetividad y establecer alianzas con otros sectores.

[1]Es conveniente aclarar que esta investigación fue culminada y presentada en octubre de 2000, es decir, antes de que se produjeran las recientes polémicas y movilizaciones suscitadas por las modificaciones y restricciones a la Ley de Extranjería realizadas en diciembre de ese mismo año. En el texto, por tanto solamente se hace alusión a la Ley de Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (1985) y a la posterior Ley de derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social (2000). Por el mismo motivo las consideraciones que se hacen en torno al discurso y situación de las asociaciones de inmigrantes aluden al periodo anterior a estas reformas y movilizaciones. 

[2] El tratamiento de este tema se basa en nuestra investigación de campo sobre las asociaciones de inmigrantes existentes en Cataluña.