Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de l'Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Blog Paz en construcción - El País

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Las perspectivas de un diálogo para buscar una salida política al conflicto en Libia parecen encallarse. La segunda ronda de conversaciones auspiciada por la ONU, prevista para diciembre de 2014 y luego para el 5 de enero, fue postergada una vez más –sine die–, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis desde los cruentos combates que acabaron en el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Tres años después de la caída del longevo dictador libio, la situación se aleja radicalmente de las expectativas de estabilidad, paz y democracia que movilizaron a muchas libias y libios en el marco de las revueltas. A día de hoy la escena libia se caracteriza por la polarización y fragmentación y por una debilidad institucional reflejada en la configuración de dos gobiernos paralelos, por la intensificación de los enfrentamientos entre numerosos actores armados de diverso signo, por la prevalencia de todo tipo de tráficos ilícitos, por el grave impacto de la violencia en la población civil, y por la proyección en el territorio de rivalidades regionales. Estos factores permiten señalar a Libia como uno de los principales escenarios de riesgo para 2015, más aún teniendo en cuenta que durante 2014 los intentos de promover un cese de las hostilidades fueron infructuosos y que, para prosperar, los esfuerzos de mediación deben sortear serios obstáculos.

Hacer frente a la descontrolada violencia en el país es una tarea compleja debido a la masiva disponibilidad de armas y a la consolidación de milicias que operan con impunidad. Tras la caída de Gaddafi, las autoridades de la transición no consiguieron el desarme y reintegración de los actores armados y, por el contrario, promovieron un sistema de complejas interconexiones con el Estado. Muchas de las milicias fueron subcontratadas por instancias gubernamentales, lo que derivó en una convivencia entre las fuerzas formales y grupos informales que reivindican legitimidad por su relación con órganos del Estado. Este sistema –descrito por algunos analistas como un orden de seguridad híbrido–, ha supuesto que en algunas zonas las milicias hayan operado de manera relativamente efectiva como fuerzas de seguridad, pero en otros muchos casos los grupos armados se han movilizado por sus propias agendas ideológicas y por sus intereses políticos, económicos y criminales. Disputas en distintos puntos del país han estado muchas veces motivadas por la competencia por el control de recursos o rutas de tráfico de todo tipo (bienes, personas, armas, drogas), que han proliferado aprovechando las debilidades del Estado central.

Las dinámicas del conflicto en Libia se han caracterizado por la superposición de ejes de confrontación: pugnas de islamistas con no islamistas, disputas entre grupos que se presentan como adalides de la revolución y simpatizantes del antiguo régimen, rivalidades regionales y entre ciudades, influidos por redes de patronazgo y rencillas tribales. En este trasfondo, una serie de hechos en 2014 llevaron a una intensificación de la violencia y a la configuración de dos grandes polos de poder. Por un lado, un militar retirado –Khalifa Hifter, que desertó del régimen de Gaddafi y que vivió su exilio en EEUU– emprendió en mayo ataques por tierra y aire contra las milicias de corte islamista que controlaban Bengasi (este) y presentó su campaña (Operación Dignidad) como un intento por corregir el curso de la revolución y de asumir los desafíos de seguridad ante la ineficacia del gobierno. En Trípoli, el resultado de las elecciones de junio –que supuso un retroceso para las fuerzas islamistas– favoreció que milicias islamistas y grupos armados de Misrata lanzaran una ofensiva que derivó en el control de la capital en el marco de la llamada Operación Amanecer. La escalada de violencia llevó al Parlamento electo, la Cámara de Representantes, a trasladar su sede al puerto de Tobruk (cerca de la frontera con Egipto). En la capital, en tanto, se mantuvo en funciones el anterior cuerpo legislativo, el Congreso General del Pueblo. Así, desde mediados de 2014 Libia cuenta con dos parlamentos, que han elegido a dos gobiernos, uno en Trípoli y otro en Tobruk, apoyados en sendas coaliciones armadas (tras vencer algunas reticencias, las autoridades de Tobruk se alinearon con las fuerzas de Hifter).

En el plano político e institucional, por tanto, el principal desafío que enfrenta Libia radica en que dos instancias paralelas reivindican su legitimidad como máxima autoridad del país. El Gobierno de Tobruk cuenta con reconocimiento internacional, pero presenta debilidades. Una de ellas es que es fruto de unas elecciones que contaron con una baja participación –1,5 millones de personas se inscribieron para votar en estos comicios (frente a 2,8 millones en 2012), de las cuales sólo votó la mitad–, en parte como consecuencia del clima de inseguridad y de la decepción con la convulsa evolución política en el país. Además, decenas de parlamentarios han boicoteado las sesiones desde que el Parlamento decidió trasladarse a Tobruk. Las autoridades en Trípoli, en tanto, se han visto reforzadas por la decisión de la Corte Suprema libia, que en noviembre declaró inconstitucional a la Cámara de Representantes, una medida que las autoridades de Tobruk no reconocen y que atribuyen a presiones a los jueces. Este clima de fragmentación y polarización ha conducido a un bloqueo que algunos analistas han descrito como un “balance de debilidades”.

A esto se suma que la proyección en Libia de las tensiones regionales, a través de la intervención foránea en apoyo de diversos actores en disputa. Durante 2014 se denunció la participación de Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en ataques aéreos contra las fuerzas islamistas libias; mientras que Qatar, Turquía y Sudán fueron señalados por su presunto respaldo a facciones islamistas en Libia. El general Hifter y el Gobierno de Tobruk han intentado enmarcar su lucha contra los grupos armados de Bengasi y Trípoli en la lógica de “guerra contra el terrorismo”, en sintonía con la postura adoptada por el Gobierno de Abdel-Fattah al Sisi en Egipto. A nivel internacional, preocupa además que la inestabilidad en Libia continúe favoreciendo la circulación de combatientes y armas, y que el territorio se convierta en escenario de entrenamiento de milicianos yihadistas vinculados a grupos como ISIS.

La principal víctima de esta escalada de violencia ha sido la población libia. Pese a la dificultad para documentar el impacto del conflicto –la misión de la ONU, UNSMIL, retiró a su personal en el país a mediados de 2014–, los datos recopilados apuntan a centenares de víctimas mortales, ataques indiscriminados en zonas residenciales, detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y asesinatos. Un informe de la ONU alertó en diciembre que decenas de civiles se están viendo afectados por su mera filiación tribal, familiar o religiosa, y que muchos de los abusos constituyen crímenes de guerra. Cifras de ACNUR indican que en 2014 la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 400.000 personas y una reciente investigación advirtió que un tercio de la población libia padece problemas de salud mental a causa de la violencia y de los extendidos abusos a los derechos humanos. Los esfuerzos puestos en marcha para promover iniciativas de diálogo y paz no han prosperado. Las iniciativas impulsadas en 2014 por la UNSMIL no consiguieron establecer una tregua y el enviado especial del secretario general de la ONU, el diplomático español Bernardino León, consiguió una primera reunión entre grupos políticos rivales en septiembre, pero no un cese de hostilidades. El segundo encuentro no ha llegado a celebrarse, en parte por las condiciones impuestas por los diversos actores. Ante este escenario, León parece haber dejado claro que ni los representantes en Tobruk ni los de Trípoli están en condiciones de reclamar legitimidad y ha insistido en la urgencia de avanzar en un diálogo con todas las partes antes de que el país descienda a un caos total. Al mismo tiempo, ha admitido que no hay solución militar para la cuestión libia.

Desencallar el actual escenario en Libia es, sin duda, un desafío de extrema complejidad. Los retos incluyen conseguir compromisos de múltiples actores para el cese de la violencia, configurar un esquema de poder inclusivo, impulsar una reforma del sistema de seguridad que apunte al desarme, la reintegración de combatientes y al sometimiento al poder civil, además de obtener un compromiso de no interferencia de actores regionales en el conflicto. Asimismo, se debe atender con urgencia a las necesidades de la población libia. Aunque de seguro otros factores pesarán en los cálculos políticos de la comunidad internacional –temor por la circulación de armas en la región, preocupación por los flujos migratorios que llegan a Europa desde Libia, inquietud por el impacto de la inestabilidad en el convulsionado mercado de petróleo–, la situación que padece la población del país norteafricano debería ser incentivo suficiente para redoblar los esfuerzos políticos y diplomáticos para desbloquear la crisis. Occidente, que se involucró militarmente para derrocar a Gaddafi enarbolando principios como la “responsabilidad de proteger”, tiene la obligación de comprometerse a fondo con el fin de la violencia y revertir lo que el propio León ha descrito como un abandono de la comunidad internacional a la población libia en los últimos años. Desde un principio se sabía que los desafíos para la reconstrucción de Libia tras décadas de autoritarismo serían complejos. La evolución del conflicto en 2014 ha confirmado que el reto está siendo, sin dudas, más difícil de lo esperado.

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