Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.

Las revueltas en el norte de África y Oriente Medio se han convertido en una caja de resonancia para los debates sobre el futuro del Sáhara Occidental, y en especial para el que se inició esta semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las rebeliones populares en la región han obligado a recordar –al menos a nivel de discurso- la necesidad de tener en cuenta la opinión de la población saharaui dentro y fuera del territorio a la hora de buscar una solución sobre el estatuto definitivo de la zona, sobre todo en un contexto en que las negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO continúan sin arrojar avances significativos, tras dos décadas de diálogo infructuoso. Así lo explicitó el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su último informe sobre la situación en el Sáhara Occidental, en el que también recordó con preocupación los hechos de violencia en El Aaiún, tras el desmantelamiento por la fuerza del campamento de Gdaym Izzik en noviembre pasado. Un episodio que –cabe recordar- respondió a una movilización inédita de la población en el Sáhara Occidental y que ha sido considerado por analistas como un precedente de los sucesos que han sacudido al Magreb y Oriente Medio durante el primer trimestre de 2011.

En este contexto, uno de los temas que ha generado más expectativas de cara a las discusiones en el Consejo de Seguridad ha sido la posibilidad de que los incidentes en el Sáhara Occidental a finales de 2010 y el nuevo escenario en la región pudieran conducir a una ampliación del mandato de la MINURSO para incorporar la supervisión de la situación de derechos humanos. En las últimas semanas, las especulaciones sobre la viabilidad de esta opción –que supondría dotar a la MINURSO de una competencia con la que ya cuentan la mayoría de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU- se acrecentaron tras conocerse el contenido de un informe de expertos de Naciones Unidas con recomendaciones en este sentido. Según el documento, hecho público a principios de abril, especialistas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos planteaban a Ban Ki-moon la importancia de incorporar a la MINURSO un mecanismo internacional de vigilancia efectiva, imparcial y continuada de la situación de derechos humanos, con un mandato claro sobre el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados de Tindouf. Sobre todo cuando los hechos recientes en el mundo árabe habían demostrado, una vez más, la relevancia del respeto a los derechos humanos como garantía de paz y estabilidad.

La supervisión internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es un tema que incomoda a Marruecos. El reino no acepta lo que considera como una “tutela en el sur del país” ya que desde su perspectiva aplica la misma política y los mismos mecanismos de control que en el resto del territorio. Hasta ahora, ha logrado bloquear las iniciativas para ampliar el mandato de la MINURSO en esta dirección gracias al apoyo de Francia, miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el marco de los sucesos en el campamento de Gdaym Izzik, de hecho, las autoridades marroquíes no permitieron que representantes de la MINURSO accedieran a la zona para evaluar una situación que consideraron estrictamente interna y de carácter social. El Frente POLISARIO tradicionalmente se ha mostrado partidario de ampliar las competencias de la MINURSO para la supervisión de los derechos humanos. (No obstante, según el reciente informe del secretario general, el POLISARIO habría retirado su petición de tratar el tema de los derechos humanos con Marruecos en la última ronda informal de conversaciones celebrada en Malta en marzo). Los análisis externos favorables a esta opción, en tanto, destacan que un mecanismo de supervisión de los derechos humanos no sólo tendría consecuencias positivas para el bienestar de la población saharaui – las garantías a la libertad de expresión y reunión aparecen, además, como condición necesaria para un debate sobre las opciones de futuro que involucre al pueblo saharaui-, sino que también podría favorecer un aumento de la confianza en el proceso impulsado por la ONU, además de la confianza entre las partes.

Aunque según informaciones de prensa un borrador del informe de Ban Ki-moon habría contemplado incorporar el párrafo sugerido por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre el mandato de la MINURSO, finalmente el documento entregado al Consejo de Seguridad –con varios días de retraso en medio de las tensiones sobre su redactado- hizo un planteamiento diferente. El secretario general recordó que tanto Marruecos como el POLISARIO tenían responsabilidades a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos y optó porque sean los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –y no la MINURSO-los que se pongan en marcha para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, tanto en el territorio del Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados ubicados de Tindouf. Asimismo, Ban Ki-moon tomó nota de la voluntad expresada por el gobierno de Rabat para colaborar “sin reservas” con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y de iniciativas de Marruecos como la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, a las que hay que sumar los recientes anuncios del rey sobre reformas constitucionales y la liberación de algunos prisioneros saharauis en los últimos días.

El diagnóstico del propio informe, no obstante, deja en evidencia que la supervisión del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental es un gran tema pendiente y que, hasta la fecha, la comunidad internacional se ha enfrentado a múltiples limitaciones y dificultades para valorar en terreno tanto las denuncias de organizaciones locales e internacionales como las acusaciones cruzadas de Marruecos y el Frente POLISARIO sobre violaciones a los derechos humanos en la zona. El Consejo de Seguridad tiene ahora la palabra. Una opción es que se imponga una omisión del tema en la resolución que debe renovar el mandato de la MINURSO a partir del 30 de abril, lo que podría suponer varios desafíos: ¿podría Francia vetar la referencia a los “derechos humanos” sin un alto costo político?, ¿cómo justificaría el Consejo una decisión de este tipo cuando la defensa de los derechos humanos ha sido esgrimida para otras intervenciones en la zona, en concreto para la acción militar en Libia? Otra alternativa es que el Consejo de Seguridad se haga eco de la propuesta de Ban Ki-moon, confiando en el compromiso de las partes y en la acción del Consejo de Derechos Humanos, un organismo percibido como menos eficaz y que no tiene una presencia directa en el territorio, pero que podría articular algunos pasos positivos, según algunos análisis. Otro escenario –considerado como menos factible, especialmente tras el informe del secretario general- es que durante la discusión prospere la petición de ampliar el mandato de la MINURSO, una posición que antes del debate mantenían países como Sudáfrica y Nigeria, actualmente miembros del Consejo de Seguridad. El tiempo dirá si la decisión del organismo más poderoso de la ONU permite avanzar en una dirección positiva o si se ha desaprovechado la oportunidad de consagrar una supervisión efectiva e independiente, que ayude a acabar con las situaciones de impunidad y que constituya un mensaje inequívoco y contundente sobre el compromiso con la protección de los derechos humanos, en sintonía con las demandas de mayores libertades y avances democráticos en la región.