Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Supremo han admitido que la concurrencia de culpas, en este caso entre la Administración regional y el conductor reclamante, ampliamente aceptada por la jurisprudencia civil, no es una circunstancia determinante de exoneración de responsabilidad [responsabilidad civil] de la Administración, sino exclusivamente de una moderación de la misma. Así, el Consejo de Estado, en su dictamen número 6268/97, de 12 de marzo de 1998, estableció que "excluida de nuestro ordenamiento jurídico la doctrina anglosajona de la "contributory negligence" que comporta que el lesionado no puede reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización cuando existiere una concurrencia de causas [causa], por pequeña que fuere, dicha concurrencia de causas en la producción del daño obliga a repartir la fuerza, a ponderar la gravedad de cada una de las causas concurrentes y, en consecuencia, a moderar las responsabilidades... Ello se concreta, ante la falta de criterios ciertos sobre la incidencia de cada una de las causas, en que a la hora de determinar el importe de la indemnización, cada una de ellas debe tener la misma relevancia, de tal suerte que se dividirá por la mitad".