Para ello diseñaron, basándose en las mejores prácticas de la industria bancaria, un coeficiente de solvencia como pieza esencial de la regulación prudencial. Ese coeficiente nace con el denominado "Acuerdo de Capitales de Basilea" de 1988, es recogido un año después por la normativa de la Unión Europea y adoptado en los años siguientes por un gran número de países. En esencia, se trata de una norma que exige que los bancos mantengan, a nivel del grupo bancario consolidado, un nivel mínimo de capital que permita absorber las pérdidas que pueden provocar los riesgos que asumen, sin que la entidad quiebre.