principio según el cual el individuo tiene derecho a la seguridad de su persona. Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. Se prohíben las represalias, los castigos colectivos, la toma de rehenes y las deportaciones [deportación]. Todos se beneficiarán de las garantías judiciales usuales. Nadie puede renunciar a los derechos que en los Convenios humanitarios se le reconocen.