Son los actos jurídicos con los que las instituciones comunitarias pueden intervenir de la forma más intensa en los ordenamientos jurídicos nacionales. Los definen dos propiedades: 1. Su carácter comunitario, que consiste en la particularidad de imponer el mismo Derecho en toda la Comunidad sin tener en cuenta las fronteras. 2. Su aplicabilidad directa, es decir, sin necesidad de una normativa especial de aplicación de carácter nacional.