De lo que no parece haber duda en la doctrina es de que la intención de los legisladores de 1804 era dotar a la responsabilidad civil de raíces morales, entendida como la moral social. Sin embargo, para garantizar una estrecha correspondencia entre los principios jurídicos y los principios morales en el ámbito de la responsabilidad civil, no es suficiente tener en cuenta la culpa o no culpa del autor del daño, sino que es igualmente necesario examinar las necesidades y la situación personal de la víctima. Y, por otra parte, no debe olvidarse que una cosa es la utilización de términos provenientes de la moral y otra muy distinta, la subsunción de las conductas [conducta] cuya valoración se realice sobre juicios morales en el ámbito del ilícito [ilícito civil].