España está profundamente interesada en preservar las poblaciones de peces mediante una explotación sostenible y en reducir las capturas incidentales de otras especies, por lo que se propone incrementar las medidas para desalentar y eliminar las actividades pesqueras ilegales realizadas por buques de países terceros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado sin el permiso de éste o contraviniendo sus leyes, así como las realizadas contraviniendo las medidas de conservación y gestión adoptadas por una organización regional de ordenación pesquera competente.