Es Jurisprudencia consolidada que la reparación debe amparar al perjudicado de "cualquier lesión" consecuencia o resultado de la actuación administrativa. (...) La STS sec. 5ª de 23/02/1988 establece que "la responsabilidad [responsabilidad civil] patrimonial constitucionalmente establecida en el art. 106.2 de nuestra Ley suprema (...) determina la obligación que pesa sobre el mismo de indemnizar toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, (...) la obligación indemnizatoria se extiende a cualquier lesión que sea consecuencia o resultado de la concreta actuación administrativa generadora de la responsabilidad". Queda recogido el principio en la reciente STS 3ª sec. 6ª , en sentencia de 10/11/1998 (...): "La indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, lo que no se lograría si el retraso en el cumplimiento de tal obligación no se compensase bien con la aplicación de un coeficiente actualizador, bien con el pago de intereses por demora, pues ambos sistemas propenden precisamente a la consecución de una reparación justa y eficaz". Además, la cuantía de la indemnización debe suponer una reparación íntegra".