El 20 de diciembre se alcanzaba la cifra de 70 mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año. Respecto a años pasados se aprecia un claro incremento de las víctimas.

Éste día no solo debería quedar como una jornada dedicada a denunciar el incremento en el número de víctimas que han sufrido la violencia de sus parejas o familiares, también es necesario motivar el debate para que se lleven a cabo a nivel estatal acciones encaminadas a la mejora de la atención de las afectadas/os por la violencia de género.

La nueva ley integral contra la violencia de género, es valorada positivamente por los sectores sociales y las administraciones dedicadas a la atención en primera línea de los afectad@s, que tiene los objetivos de: crear medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo; dar refuerzo de una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres, con referencia concreta al ámbito de la publicidad; dar apoyo a las víctimas, como el derecho a la información y a la asistencia social integrada y la especialización de prestaciones; de asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres víctimas de violencia que no tengan recursos suficientes; dar protección social y de apoyo económico, tanto a las mujeres maltratadas como a los menores que estén dentro del entorno familiar, victimas indirectas o mediatas de este violencia. Por tanto, el Proyecto contempla también su protección, no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto a la mujer. También dar una respuesta legal que abarca las normas procesales y las normas sustantivas penales y civiles, así como la debida formación de todos los profesionales de la educación, sanitarios, policiales y jurídicos que intervienen en la aplicación de la Ley.

Medidas como la formación desde la perspectiva de género de todos los profesionales que intervienen en el proceso de prevención y atención a las mujeres, el tratamiento transversal e integral de la violencia y el rechazo a que se sustituyan las penas a maltratadores por medidas de rehabilitación y reeducación, son otras perspectivas que deberían quedar recogidas en esta ley.