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Hoy por hoy, se considera que la participación activa del paciente en su atención sanitaria requiere contar con su consentimiento sobre las propuestas diagnósticas, preventivas o terapéuticas planteadas por los profesionales de la salud. Los esfuerzos de los responsables de su atención sanitaria se encaminan, además de a desarrollar con competencia su actuación, a proporcionar la información precisa para ello. La información forma parte de todas las actividades dirigidas a preservar, conservar o recuperar la salud de las personas. Sin embargo, es necesaria pero no suficiente para salvaguardar la toma de decisiones libres y el respeto a la autonomía de las personas. Este respeto no debe confundirse con la delegación de nuestras responsabilidades profesionales. El modelo de relación clínica basado en el desarrollo del consentimiento informado presupone la capacidad de los pacientes para entender y asumir las consecuencias de sus decisiones compartidas. Es éste un apartado que genera múltiples conflictos éticos1. Por otra parte, está el tema de la toma de decisiones por sustitución, cuando la persona no puede hacerlo por sí misma (incapacidad, inmadurez) o no puede expresar su decisión por la situación física o psíquica en la que se encuentra, cuestión desarrollada con la implantación de las instrucciones previas, voluntades anticipadas o testamentos vitales. A algunos de estos aspectos aluden las siguientes preguntas y su desarrollo. |
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