1837, luces y sombras de una época


Cuando la joven Victoria accedió al trono en 1837 las repercusiones del rápido y descontrolado proceso de industrialización británico se dejaban sentir de forma ambivalente sobre el conjunto de los habitantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

De un lado, el poder y la riqueza del país habían crecido prodigiosamente. Gran Bretaña, triunfadora de las guerras napoleónicas, reinaba sobre los mares, amparada por una escuadra dueña indiscutible de las rutas de navegación para mayor seguridad y provecho de sus buques mercantes. El botín colonial acumulado al término de aquellas contiendas, menos importante por su tamaño que por su valor estratégico, constituía un adecuado punto de apoyo para futuras conquistas que habrían de redondear, con el correr del tiempo, el más vasto imperio jamás conocido. Ningún estado continental europeo se perfilaba con fuerza suficiente para constituir una amenaza para las islas. El poder de la potencia británica favorecía y a su vez se beneficiaba del auge de una economía transformada por el impacto de la industrialización. El Reino Unido era, cada vez en mayor medida, el país más rico del mundo, aun cuando las tasas de crecimiento anual de su producto nacional, entre el 2% y el 3% en las décadas en torno a 1830, no resulten especialmente llamativas para el ciudadano de hoy. Más importante que este crecimiento eran los cambios estructurales que lo acompañaban: una creciente presencia de la industria como actividad generadora de riqueza y empleo, una paralela transformación del carácter de esta industria, con el uso de máquinas movidas por vapor como característica más destacada, una composición de las exportaciones en la que predominaban los productos manufacturados y un rápido aumento del número y tamaño de las ciudades. La fábrica, con sus chimeneas cual campanarios de modernas catedrales, y el ferrocarril, que comenzaba a cambiar la percepción de las distancias e iba a diversificar con su necesidad de hierro y carbón una actividad industrial hasta entonces demasiado centrada en el sector textil, eran los símbolos de la nueva era.

De otro lado, los ciudadanos británicos apenas si gozaban de más derechos y libertades que medio siglo antes. Vivían en una sociedad en la que el reparto de la riqueza era más desigual, el desarraigo y la falta de protección de los individuos más débiles eran mayores, las condiciones de vida de los trabajadores habían, en parte, empeorado y las tensiones que desgarraban a la población estaban aumentando de manera peligrosa.

La falta de derechos políticos de la mayor parte de la población seguía siendo, junto con las fuertes restricciones al desarrollo de la actividad sindical, el principal déficit democrático de la sociedad a comienzos de la era victoriana, pese a la reciente reforma de 1832. La ley de aquel año concedió el derecho al voto en las elecciones a la Cámara de los Comunes a casi 300.000 personas en el Reino Unido, en su mayoría varones de clase media residentes en las ciudades, pero siguió excluyendo a la mayor parte de la población adulta: el 93%, mujeres incluidas. Por lo demás, esta modesta incorporación de nuevos votantes, todos ellos propietarios, no modificó de forma sustancial una correlación de fuerzas favorable a la aristocracia. Esta siguió manteniendo el pleno control de la cámara no electiva del Parlamento, la de los Lores, de los puestos de gobierno regional y local y de los altos cargos de la administración del estado, donde no existía un sistema de selección por méritos. La burguesía, que había mostrado una cierta capacidad de movilización en defensa de sus intereses, seguía teniendo una presencia política menor, por debajo del poder económico que iba escalando al compás de la industrialización. Los británicos eran, en su conjunto, más ricos que en cualquier momento anterior de su historia pero esta riqueza estaba más desigualmente repartida, con el 10% de rentas más altas copando más del 50% del total de la renta nacional. A la cabeza de las mayores rentas, y con los mayores patrimonios del país, figuraba la aristocracia. En el otro extremo se situaba la población trabajadora, un sector mayoritario sobre el que pendía la amenaza de la pobreza, permanente o coyuntural, provocada por los bajos salarios, el paro o circunstancias familiares adversas

Laws relating to the PoorLa introducción en 1834 de una nueva ley de asistencia a la pobreza que, en nombre de los principios liberales, intentaba acabar con el modelo asistencial que durante varios siglos había asegurado a los necesitados de cada parroquia su mantenimiento a cargo de los contribuyentes del lugar, supuso para los trabajadores un elemento de indefensión que vino a sumarse a la situación de desarraigo en la que muchos de éllos, inmigrantes recientes en un mundo urbano e industrial en el que todavía no habían conseguido asentarse, se encontraban.

Quienes consideran que la situación de estos trabajadores estaba mejorando aportan como principal prueba un apreciable incremento salarial en las décadas posteriores a las guerras napoleónicas, aunque frente a estimaciones que defienden que los salarios reales se habían llegado a doblar hacia 1850, han surgido actualmente otros cálculos con aumentos mucho más modestos y desigualmente repartidos. En otros aspectos de las condiciones de vida las mejoras, caso de producirse, fueron menos apreciables: la mortalidad quedó estancada a partir de 1830 después de varias décadas de descenso; el número de horas trabajadas estaba siendo al menos tan alto como antes de inciarse la industrialización, con el añadido de una intensificación de los ritmos de trabajo, una despersonalización de las relaciones laborales y una utilización del trabajo infantil fuera del marco familiar; la estatura de la población tendió a disminuir en algún momento del período y su grado de alfabetización también sufrió un retroceso temporal. Algunas de estos hechos guardan relación con las características que presentaban las ciudades, en rápido crecimiento sin planificación ni provisión de infraestructura sanitaria: el paisaje urbano, sobre todo el del centro de las ciudades, donde tendía a aglomerarse la población con menores recursos, recordaría a un espectador actual los barrios de favelas de ciertas urbes. No ha de extrañar que, en tales lugares, las enfermedades infecciosas ligadas a condiciones medioambientales encontrasen un caldo de cultivo adecuado, originando una sobremortalidad que se traducía en una muy baja esperanza de vida, por debajo incluso de los 25 años. Con buen criterio, los ricos procuraban huir de allí, estableciendo su residencia en zonas más salubres de la periferia de los centros urbanos.

Tales circunstancias, unidas a la creciente conciencia y organización de quienes las sufrían, habían conducido en la década de 1830 a una explosión de protestas sociales, de las que el Cartismo era la más reciente y espectacular: la reivindicación de derechos políticos contenidos en la Carta redactada en 1838 por asociaciones de corte radical y democrático iba pronto a convertirse en el referente de una multitud de trabajadores y de algunos, cada vez menos, sectores de la pequeña burguesía y a ser vista como medio a través del cual conseguir también cambios sociales, para alarma de los sectores gobernantes. Esta movilización con visos de conciencia de clase ocurría cuando el miedo entre la población acomodada ya se había disparado ante el aumento de la delincuencia en las ciudades y ante la utilización de éstas como escenario de manifestaciones, mítines y marchas. A fin de dar una respuesta eficaz y adecuada a los nuevos desafíos acababa de crearse la policía en 1829, inicialmente en Londres.  

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