ACCEDES-El acceso y éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica

El artículo tiene la finalidad de examinar, a través del sistema de indicadores, el mecanismo de justiciabilidad, para los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales el derecho a la educación es un derecho componente. Con la finalidad de determinar cómo ha sido la experiencia en el uso de tales indicadores, se hace un recuento de las diferentes instancias supranacionales que tienen relación directa con el derecho a la educación. Es así como se pretende validar este proceso de uso de indicadores, y afirmarlo como una demanda de efectividad y cumplimiento a los Estados, cuando se transgredan los estándares fijados para la tutela del citado derecho. Se enfatiza en que es necesario contar con indicadores certeros, objetivos, precisos y realizables que salvaguarden el derecho a la educación.
Se menciona que los derechos económicos, sociales y culturales, contrariamente a los civiles y políticos, tienen por característica, la prescripción de un “debe-hacer”, de una prestación positiva por parte del Estado. En tales derechos denominados de la segunda generación, el Estado se obliga a proporcionar las condiciones materiales para la realización de los fines sociales de la población, en sus manifestaciones concretas de educación, salud, vivienda, trabajo, etc. Estos derechos por lo tanto son colectivos y no individuales, por cuanto la prestación del Estado beneficiará a muchos sujetos y no se dirigirá solamente a un individuo.