El Gobierno británico ha publicado el proyecto de Ley del mercado interior (United Kingdom Internal Market Bill) cuya aprobación podría significar el incumplimiento del Acuerdo de Retirada; en particular del Protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte. La razón es que permitiría a los ministros británicos sancionar normas que posibilitarían la circulación de mercancías desde Irlanda del Norte sin cumplir las disposiciones aduaneras europeas, a pesar de que exista el riesgo de que acaben en el mercado comunitario, y conceder ayudas públicas sin notificarlas a la Unión (véase Peter Foster, Sebastian Payne y Jim Brunsden: “UK plan to undermine withdrawal treaty puts Brexit talks at risk”, The Financial Times, 6.9.2020; los primeros que informaron sobre el tema).

Boris Johnson y sus acólitos justifica este movimiento en la necesidad de mantener la unidad de mercado del Reino Unido en caso de que fracase la negociación sobre las relaciones futuras (aquí). Igualmente alegan que constituye una clarificación del Protocolo referido, que no es suficientemente preciso en múltiples aspectos (aquí). Pero la propuesta se explica mejor por la voluntad de mantener la promesa electoral de que los empresarios norirlandeses podrían acceder al mercado británico sin traba alguna. No obstante, no cabe descartar que se trate de una maniobra política para conseguir una posición de poder en la negociación de las relaciones futuras (aquí y aquí).

La aprobación del proyecto de Ley podría tener consecuencias perjudiciales para el Reino Unido. En primer lugar, la Unión Europea podría activar las medidas previstas en el Acuerdo de Retirada para este tipo de situaciones, entre las que se halla la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia, que podría imponer una dura sanción al Reino Unido. Igualmente, la Unión podría también suspender parcialmente el Acuerdo de Retirada, imponer sanciones a las exportaciones británicas y empezar una guerra comercial contra su exmiembro, según  informa la prensa inglesa (aquí). En segundo término, podría suponer el fin de la negociación de las relaciones futuras, cuya octava ronda empieza precisamente hoy, diez de septiembre. Tercero, puede poner en jaque los Acuerdos de Viernes Santo, cuya preservación era la finalidad del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte (aquí). Cuarto, ha generado ya una crisis política dentro de la Administración Johnson y del partido conservador, cuya manifestación más explícita es la dimisión del jefe del Departamento Legal del Gobierno, Jonathan Jones (aquí). Por último, socavaría la reputación del Reino Unido en el ámbito internacional ya que estaría incumpliendo normas jurídicas vinculantes. De ahí que Nancy Pelosi, presidenta de la United States House of Representatives, haya advertido que la aprobación de la Ley en cuestión dificultaría en extremo un acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América (aquí).